El pasado lunes, Más Madrid se presentó en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid con el propósito de solicitar formalmente una reunión con su consejero, Jorge Rodrigo. El objetivo de este encuentro es abogar por diversas medidas en relación a la vivienda, entre las cuales destaca la creación de una ley autonómica que asegure el acceso a una vivienda digna, en línea con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución.

Esta movida fue impulsada por concejales y portavoces de Más Madrid en varios municipios del sur de la región. A través de un documento dirigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero, solicitaron al Gobierno local que avance en el desarrollo de una legislación específica que garantice derechos básicos en el ámbito del acceso a la vivienda.

Adicionalmente, en la petición se hace hincapié en la necesidad de considerar las solicitudes de ayuntamientos como Getafe, Alcorcón y Parla para que sean designados como áreas de mercado residencial tensionado. Esta categorización podría facilitar el establecimiento de límites en los alquileres y fijar precios de referencia para los grandes propietarios, acorde con la legislación estatal vigente.

Más Madrid estima que existen alrededor de 60.000 viviendas nuevas sin ocupar en la región. Por lo tanto, proponen el lanzamiento de un plan extraordinario que busque activar estos inmuebles, sugiriendo que la Administración los adquiera para destinarlos a alquiler asequible. También plantean otras opciones como la cesión temporal de estos inmuebles por parte de promotores privados, así como la creación de un Registro Autonómico de Vivienda Vacía, que permita imponer recargos fiscales a grandes propietarios.

Entre las otras propuestas se destaca la construcción de al menos 50.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible, priorizando su desarrollo en los municipios del sur. Además, se contempla la rehabilitación de viviendas públicas que actualmente están vacías o infrautilizadas, para hacerlas más accesibles.

Asimismo, la solicitud aboga por acciones específicas que contrarresten el impacto de la turistificación en el mercado de alquiler. Se sugiere limitar las licencias de Viviendas de Uso Turístico en las áreas más afectadas y revisar los criterios de concesión con miras a proteger el uso residencial.

Más Madrid hace un llamado a que estas propuestas sean coordinadas entre la Comunidad y los ayuntamientos, con el fin de mitigar la expulsión de vecinos y las subidas artificiales de precios. Además, busca el apoyo del Gobierno regional a la reforma del contrato indefinido de alquiler a nivel estatal, como una medida para reforzar la estabilidad y seguridad residencial.

Por otro lado, solicitan un aumento de las ayudas al alquiler para jóvenes y familias en situaciones vulnerables, junto con un protocolo autonómico que ayude a prevenir desahucios en caso de que no haya alternativas habitacionales disponibles.

Finalmente, se propone la creación de un Observatorio Autonómico de la Vivienda que incluya la participación de técnicos, entidades municipales y ciudadanos, con la finalidad de disponer de datos actualizados sobre precios, niveles de tensión del mercado y la situación de la vivienda vacía, para guiar políticas públicas efectivas.

Tras formalizar la solicitud, Emilio Delgado, diputado autonómico y concejal de Más Madrid en Móstoles, destacó que el problema del mercado inmobiliario es uno de los más acuciantes que enfrentan los madrileños, advirtiendo que esta situación "está funcionando como una aspiradora de recursos".

Delgado argumentó que las medidas propuestas no implican un detrimento de los derechos de los propietarios. Subrayó que no permitirá prácticas como la expulsión de inquilinos solo para aumentar los precios de alquiler.

Además, hizo referencia a datos recientes sobre transacciones en el sector inmobiliario, señalando que casi la mitad de las operaciones de compra-venta de viviendas en Madrid fueron realizadas al contado, mientras que solo un 14% correspondió a la adquisición de la primera vivienda, el resto se destinó a la especulación.

Por su parte, Trinidad Castillo, teniente de alcaldesa en Alcorcón, hizo eco de la gravedad de la situación, indicando que en la mayoría de los municipios los alquileres exceden el salario mínimo interprofesional. Resaltó que un vecino promedio necesita ahorrar 50.000 euros para comprar una vivienda o tener ingresos de 2.500 euros al mes para alquilar y vivir.