En Madrid, la expectación crece ante la llegada de los nuevos recibos de la tasa de basura, que comenzarán a llegar a los hogares a partir de septiembre, tras el regreso de las vacaciones. La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha confirmado esta semana que las comunicaciones dirigidas a los contribuyentes están siendo preparadas y se enviarán "totalmente en plazo".

La tasa media se sitúa alrededor de 140 euros por vivienda, sin embargo, existen grandes disparidades entre diferentes distritos. Por ejemplo, en Aravaca, los residentes enfrentarán un pago medio de 574 euros, mientras que en zonas como Villaverde la cifra podría ser tan baja como 47 euros. Sanz expresó su descontento, afirmando: "Es una tasa que nos imponen y que no deseamos aplicar, pero como un gobierno responsable, debemos cumplir con las normativas vigentes, a pesar de que no sean de nuestra preferencia".

A partir del año próximo, los ciudadanos tendrán la opción de domiciliar estos pagos. Gema Pérez Ramón, directora de la Agencia Tributaria de Madrid, anunció en una reciente reunión que se ha estado trabajando en la implementación desde que se hizo obligatoria. Para facilitar este proceso, se ha lanzado un programa de empleo temporal que reforzará las oficinas de atención al contribuyente y los canales de comunicación, como Línea Madrid.

La nueva tasa de gestión de residuos afectará a más de 1,5 millones de viviendas en Madrid y a cerca de 1,4 millones de ciudadanos. Cada madrileño recibirá una notificación personalizada sobre esta nueva obligación tributaria, dado que se trata de un impuesto recién establecido.

Según las estimaciones de los expertos de la Agencia Tributaria, se proyecta que los ingresos generados por esta tasa alcancen aproximadamente los 296 millones de euros. Sin embargo, si se considera la derogación de la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), incompatible con la nueva tasa, se prevé que la recaudación neta adicional para el 2025 será de unos 256 millones de euros.

El cálculo de la cuota de la nueva tasa estará fundamentado en una combinación de una tarifa básica, que todos los inmuebles deberán abonar por el acceso al servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa variable que dependerá de la generación de residuos de cada vivienda.