En un movimiento que ha generado controversia, la Comunidad de Madrid está implementando la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, y para ello ha destinado más de 4,5 millones de euros en salarios y otros 250.000 euros en el manejo de documentos. Este proceso se está realizando con una premura que ha suscitado preocupaciones sobre su viabilidad y financiamiento.

La directora general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandra Alonso, señaló en una reciente comparecencia que, aunque la ley busca modernizar el sistema judicial, su efectividad deja mucho que desear. Alonso enfatizó que la administración ha invertido más de un millón y medio de euros en ajustar los sistemas de gestión de los procesos judiciales, pero sigue sin considerar aspectos fundamentales como la colaboración con el Poder Judicial y los magistrados.

La funcionaria criticó la falta de consultas con las comunidades autónomas responsables de aplicar esta normativa y denunció que los plazos impuestos por los fondos europeos asociados a la ley son "absurdos". Alonso destacó la necesidad de más recursos económicos para llevar a cabo la reforma adecuadamente, reiterando el déficit de financiación que enfrenta el proyecto.

A pesar de estas dificultades, la Comunidad de Madrid no ha asumido una postura de resistencia. Actualmente, hay 17 tribunales de instancia operando, junto con 17 oficinas generales del Registro Civil y más de 135 Oficinas de Justicia distribuidas en el municipio. Esta expansión ha provocado la creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo y la reubicación de más de 5.000 funcionarios, un esfuerzo que, según la directora general, refleja el compromiso del servicio público madrileño.

Alonso concluyó con un mensaje de determinación, afirmando que Madrid cumplirá con sus responsabilidades, aunque esto implique un esfuerzo financiero considerable y un notable compromiso personal por parte de los empleados públicos de la región. Este desafío pone de manifiesto el espíritu de trabajo y la profesionalidad que caracterizan a la administración madrileña en tiempos de cambio.