En una reciente medida que ha generado un importante debate, el Gobierno de España, liderado por el PSOE, contempla una condonación de deuda regional que beneficiará a varias comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid se posicionará como la cuarta más favorecida, con una carga equivalente a 8.644 millones de euros que recaerá sobre el Estado. Esta decisión, anunciada por el Consejo de Ministros, es vista por el Gobierno madrileño, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, como un coste notable, ya que equivale a cerca de 500 euros por cada ciudadano de la región.

La propuesta del Ministerio de Hacienda, que se anticipa será aprobada en un futuro cercano, busca asumir un total de 83.252 millones de euros en deudas de diversas comunidades. La iniciativa surge de un pacto entre el PSOE y ERC que establece un precedente para la condonación de la deuda de Cataluña, abriendo la puerta para que otras regiones también soliciten este beneficio.

Las comunidades autónomas que recibirán mayores alivios son Andalucía y Cataluña, con cifras que ascienden a 18.791 millones y 17.104 millones de euros respectivamente, lo que representa más del 43% de la deuda total a condonar. La Comunidad Valenciana se encuentra en tercer lugar con una condonación de 11.210 millones, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia, con 4.927 millones y 4.010 millones, respectivamente.

Es importante destacar que esta medida no incluye a las comunidades forales de Euskadi y Navarra, que por su estatus no están en el régimen común. Sin embargo, han expresado su interés en recibir compensaciones similares dentro de sus sistemas forales.

Desde el Gobierno madrileño han surgido críticas hacia esta estrategia, argumentando que la condonación representa en sí misma un gasto que será asumido por el conjunto de los ciudadanos. La Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha dejado claro que esta decisión no elimina la deuda, que seguirá impactando a todos los contribuyentes. De hecho, el Gobierno regional ha recurrido ante la Audiencia Nacional el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, planteando que va en contra del principio de igualdad.

La reacción del Gobierno de Ayuso ha sido clara ante la inminente aprobación de la propuesta, con el consejero Carlos Novillo criticando al Ejecutivo central por su enfoque en la condonación en momentos de crisis, acusando a Pedro Sánchez de ceder ante los independentistas para mantener su posición en el poder.

Se espera que el Ejecutivo impulse esta condonación en el próximo Consejo de Ministros, tras el periodo estival. Durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en febrero, la propuesta se aprobó con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE, mientras que las del PP decidieron no participar en la votación, un movimiento interpretado por el Gobierno como una especie de abstención.

A pesar del respaldo inicial, el Ministerio de Hacienda aún no asegura todos los votos necesarios para avanzar en la tramitación parlamentaria de estas medidas. Algunas fuerzas políticas, como Junts, han manifestado su escepticismo y han criticado la equidad de la propuesta en su aplicación a todas las comunidades.

La metodología para determinar los importes a condonar consta de tres fases. Primero, se ha calculado la diferencia en endeudamiento entre diferentes períodos, apuntando a una condonación media del 19% de la deuda autonómica vigente hasta 2023. La metodología busca además otorgar equidad, compensando a aquellas comunidades que presenten un endeudamiento por habitante inferior a la media.

Por último, se especifica un ajuste adicional para aquellas regiones que hayan incrementado la normativa del IRPF en los últimos años, brindando una condonación extra a las comunidades que superen la media en este ámbito. Esta serie de medidas intenta abordar los sentimientos de desigualdad que pueden surgir entre las distintas autonomías en cuanto a financiamiento.