Crónica Madrid.

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Luis Medina y Alberto Luceño, exonerados de fraude al Ayuntamiento de Madrid en la transacción de mascarillas durante la pandemia.

Luis Medina y Alberto Luceño, exonerados de fraude al Ayuntamiento de Madrid en la transacción de mascarillas durante la pandemia.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño de las acusaciones de estafa agravada y falsedad en documentos mercantiles que les formuló la Fiscalía de Madrid. Dichas acusaciones se vinculaban con su presunto intento de engañar al Ayuntamiento de Madrid durante la adquisición de material sanitario en marzo de 2020, en un momento crítico de la pandemia de Covid-19.

En contraste, el tribunal ha impuesto una pena de tres años de prisión a Luceño por un delito contra la Hacienda Pública, además de ocho meses más por falsedad en un documento oficial. Asimismo, deberá pagar una multa que asciende a 3,5 millones de euros. La sentencia fue comunicada oficialmente a las partes implicadas, incluidos los acusados.

El proceso judicial culminó el 27 de febrero, después de que las defensas presentaran sus argumentos finales, señalando la ausencia de pruebas contundentes que validaran la acusación de estafa al Consistorio madrileño. Durante ocho sesiones de juicio, varios funcionarios del Ayuntamiento, entre ellos la jefa de compras y el gerente de Madrid Salud, así como peritos de la Agencia Tributaria y la Policía Municipal, fueron llamados a declarar.

Los acusados defendieron su postura indicando que no existió conversación previa sobre comisiones con Elena Collado, la jefa de compras en plena crisis sanitaria, desmintiendo así los comentarios de esta. Aclararon que el precio de las mascarillas fue fijado por el proveedor malayo Leno, no por ellos.

El abogado de Medina, José Antonio Choclán, solicitó la absolución de su cliente al argumentar que la acusación de estafa carece de base, puesto que no se podía determinar un sobreprecio en un mercado afectado por la falta de oferta y no hubo incumplimiento contractual ya que el objetivo era adquirir el material necesario.

El defensor de Alberto Luceño se alineó con estas afirmaciones, argumentando que no existió ocultación respecto a la comisión de cinco millones recibida por su cliente. En sus alegaciones, el fiscal había solicitó penas severas, entre nueve y quince años de prisión, por los delitos imputados, además de una inhabilitación para el ejercicio del comercio durante el tiempo que dure la condena.

El ministerio público afirmó que las pruebas presentadas corroboran los delitos acusados, incluyendo situaciones específicas que demuestran el ánimo de lucro de los procesados. Destacó un correo en el que se hace referencia a la operación como un "pelotazo", evidenciando los exorbitantes márgenes de comisiones que recibieron.

El fiscal subrayó que las comisiones alcanzaron niveles alarmantes, con un 149% en mascarillas, un 244% en test y un 426% en guantes, lo que a su juicio evidencia un claro ánimo de lucro. Además, enfatizó que se intentó hacer creer que estaban actuando de forma desinteresada, cuando en realidad estaban ocultando sus ingresos, como se desprende de un correo enviado por Elena Collado.

La narrativa del fiscal pinta un escenario donde el aumento de precios se usó como un mecanismo para beneficiarse de la situación extraordinaria, lo que se presenta como un aspecto fundamental de la supuesta estafa. Según el fiscal, tanto Medina como Luceño afirmaron tener experiencia en comercio exterior, a pesar de no haber firmado operaciones durante el periodo crítico de la pandemia.