El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha hecho declaraciones contundentes sobre la situación actual del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que un ambiente de corrupción se está estableciendo en el país. Según él, el círculo más cercano al presidente está bajo constante escrutinio y presión debido a serias acusaciones de mala gestión de recursos públicos.

García Martín se pronunció en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Gobierno, donde se discutió la reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado ha determinado que varios miembros cercanos al presidente, entre ellos su esposa, Begoña Gómez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, serán investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de personal en la Presidencia.

Documentos judiciales a los que tuvo acceso Europa Press indican que estos tres implicados deberán presentarse en el tribunal el próximo 27 de septiembre para una audiencia, donde se espera que se expongan los cargos que enfrentan, en virtud de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

El consejero expresó su preocupación por la falta de acción visible por parte del presidente frente a estas acusaciones. A su juicio, la situación es crítica y el presidente debería considerar su dimisión ante los graves señalamientos que lo rodean, especialmente dado el reciente procesamiento de su hermano por delitos relacionados con la corrupción.

Asimismo, destacó el papel de Begoña Gómez en este caso, acusando a su asesora de haber usado recursos públicos para fines personales. García Martín argumentó que, si bien ella tiene derecho a trabajar, debería hacerlo con recursos y medios que no provengan del bolsillo de los contribuyentes españoles.

Finalmente, el portavoz del Ejecutivo regional hizo un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para que no se normalice esta situación de corrupción. Subrayó que el uso indebido de recursos públicos para fines personales es un problema serio que debe ser abordado y juzgado adecuadamente, enfatizando que los ciudadanos no pueden aceptar tales prácticas en la administración pública.