En Madrid, el 22 de abril, la Fiscalía ha decidido solicitar una condena que asciende a 13 años y dos meses de prisión para un individuo que, en un acto irreflexivo, decidió prender fuego a una vivienda en su edificio. Este incidente fue presuntamente provocado por las molestias y ruidos provenientes de los vecinos que residían en la planta de arriba, situaciones que el acusado había denunciado en varias ocasiones.

El Ministerio Público ha calificado los actos del acusado como un delito de incendio, el cual ponía en riesgo la vida y la integridad física de las personas, además de siete cargos adicionales de lesiones menores. El juicio correspondiente se llevará a cabo el próximo martes en la Audiencia Provincial de la capital española.

Los informes de la Fiscalía indican que, alrededor de las 21:25 horas del 17 de junio de 2023, el acusado se dirigió a una gasolinera en Móstoles, donde adquirió gasolina y la transportó en una garrafa hacia su lugar de residencia. Tras llegar al edificio, subió hasta la tercera planta, donde roció la puerta y el felpudo de un apartamento y luego encendió el fuego de manera deliberada, desestimando la seguridad de los demás vecinos.

El escrito de acusación revela que esta conducta fue su forma de manifestarse contra el ruido de la planta superior, que había sido objeto de sus quejas anteriores. Esta imprudente acción desencadenó un incendio frente al apartamento 3ºA, lo cual llevó a la intervención de dos unidades de bomberos y varios agentes de la Policía Local y Nacional de Móstoles.

A pesar de que el fuego fue controlado antes de que los bomberos alcanzaran la tercera planta, el humo generado causó lesiones por inhalación a algunos vecinos y a los agentes de la policía que llegaron al lugar. El acusado, un hombre de 59 años, padecía un deterioro cognitivo leve relacionado con un diagnóstico anterior de leucoencefalotopía multifocal progresiva, lo que puede afectar notablemente sus capacidades mentales según el grado de la enfermedad.

En el momento de cometer el hecho, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid argumentó que el acusado podría haber tenido una alteración parcial de su capacidad cognitiva, lo que le impediría entender completamente la ilicitud de sus acciones y las posibles repercusiones. Por decisión del Juzgado de Instrucción n° 2 de Móstoles, se dictó el 23 de junio de 2023 auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, manteniendo al procesado bajo custodia judicial.