La necesidad de una reforma constitucional para abordar el llamado “cupo catalán” ha sido puesta de manifiesto por la Asamblea de Madrid, que este viernes inició una comisión de estudio sobre las repercusiones de la reducción de la deuda catalana, pactada recientemente entre el PSC y ERC. En esta primera sesión, solo el Partido Popular estuvo presente y expertos en economía han alertado sobre las posibles consecuencias perjudiciales para la justicia del sistema fiscal español.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), abrió la ronda de intervenciones advirtiendo que el acuerdo fiscal implica una disminución significativa de la contribución neta de Cataluña a las finanzas estatales, estimándose que esta reducción podría oscilar entre 6.500 y 13.000 millones de euros anuales.

El experto argumentó que la situación es "inconsistentemente planteada", considerando que Cataluña, al ser una de las comunidades más grandes y financieramente estables, no debería recibir más fondos sin que esto afecte a otras regiones que están en situaciones peores. Según De la Fuente, "no podemos agravar la equidad del sistema redistributivo" al favorecer a quienes ya reciben suficiente apoyo financiero.

De la Fuente también hizo hincapié en la importancia de una correcta recaudación de impuestos, señalando que la fragmentación del actual sistema fiscal podría generar ineficiencias y debilitar el control sobre los contribuyentes. "Dividir esto en dos sería un error", aseguró, al mismo tiempo que criticaba la propuesta como un retroceso en lugar de un avance hacia una estructura federal.

Por su parte, Raúl Canosa, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, recordó que el artículo 138 de la Constitución prohíbe la creación de privilegios en los estatutos autonómicos. Canosa sugiere que cualquier intento de establecer un modelo de financiación exclusivo para Cataluña requeriría modificaciones constitucionales, ya que podría generar conflictos con la ley suprema del país.

El académico también subrayó que un cambio en el modelo de financiación podría alterar la estructura del Estado, pasando de un sistema federal a uno confederal, lo cual vaciaría la autoridad del Estado en materia fiscal y de deuda pública.

En la misma línea, el diputado del PP, Ángel Alonso, criticó el acuerdo entre el PSC y ERC, señalando que se realizó "a espaldas" de las demás comunidades autónomas. Según él, la premisa de que Cataluña está subfinanciada es errónea, argumentando que el verdadero problema radica en la gestión de los recursos.

Ángel Alonso alertó que reducir la contribución de Cataluña al estado podría desestabilizar los servicios públicos en otras comunidades y, por tanto, romper con los principios de solidaridad y equidad entre los ciudadanos. Su compañero de filas, Francisco Galeote, se sumó a esta crítica, indicando que el pacto es un desafío al Estado y revitaliza un estatuto que ya había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Finalmente, Galeote destacó que el interés detrás de este acuerdo radica en una alianza entre el PSOE, el PSC y los separatistas, cada uno con sus propias motivaciones: el PSOE busca consolidar su poder en ambas administraciones, mientras que los separatistas avanzan en su agenda soberanista, todo ello a costa de la cohesión del Estado.