El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su defensa ante el juicio que enfrenta debido a supuestas revelaciones de secretos en relación al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su declaración, García Ortiz mantiene su inocencia y señala que el núcleo de la información que se alega fue filtrada ya había sido divulgado por las instituciones de la Comunidad de Madrid, resaltando que aproximadamente 600 personas tuvieron acceso a dicha información.

Según el documento al que tuvo acceso Europa Press, la representación legal de García Ortiz sostiene que las acciones del fiscal fueron parte del ejercicio legítimo de sus funciones. Destacan que su objetivo era preservar la imagen de la Fiscalía, la cual considera que ha sido objeto de una campaña de desinformación que ha puesto en tela de juicio la integridad y profesionalidad de sus miembros.

La defensa de García Ortiz refuta las afirmaciones del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, quien cree que el fiscal divulgó información a la cadena SER en la noche del 13 de marzo de 2024, respecto a una propuesta de acuerdo enviada por la defensa de González Amador a la Fiscalía. Esta propuesta ofrecía reconocer delitos fiscales a cambio de un pacto.

En su defensa, se proporciona un relato cronológico que abarca desde el inicio de la investigación a González Amador el 23 de enero de 2024 hasta la publicación de una nota de prensa el 14 de marzo, para demostrar que no existe una conexión clara entre las informaciones divulgadas en la SER y García Ortiz.

Argumentan que la información que condujo a la repercusión mediática provino de 'eldiario.es' el 12 de marzo de 2024, lo que eventualmente llevó a lo que consideran una acción orquestada por las instituciones de la Comunidad de Madrid para mitigar el impacto político negativo que acarreaba la noticia.

La defensa señala que se elaboró un "relato alternativo" donde González Amador era presentado como una víctima de una operación política en complicidad con la Agencia Tributaria y la Fiscalía, diseñada para desacreditar a la presidenta de la Comunidad.

El documento pone especial atención en las acciones del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que, según la defensa, envió mensajes engañosos a distintos periodistas a través de WhatsApp. Estos mensajes alentaban la idea incorrecta de que la Fiscalía había iniciado la propuesta de acuerdo y que había limitaciones impuestas al fiscal encargado del caso.

La Abogacía también menciona que Rodríguez se comunicó con un periodista de 'El Mundo', lo que, según ellos, resultó en la difusión de información distorsionada en ese medio. El 13 de marzo, Rodríguez publicó en su cuenta de X acusaciones graves contra la Fiscalía, alegando que había retirado la oferta de acuerdo "por órdenes de arriba".

La defensa de García Ortiz argumenta que 'El Mundo' fue el medio que reveló varios detalles cruciales sobre el caso, poniendo de relieve que antes de dicha publicación, el fiscal general no tenía conocimiento sobre los correos electrónicos que existían entre la defensa de González Amador y la Fiscalía.

Esto llevó a la Fiscalía a entrar en un estado de desconcierto y preocupación, lo cual motivó a García Ortiz a activar una investigación interna urgente para esclarecer los hechos, según su defensa.

Aclaran que la urgencia por esclarecer la situación se debió tanto al interés mediático como a la necesidad de la Fiscalía de entender la situación presentada por la noticia de 'eldiario.es' y la consiguiente difusión del correo electrónico de parte de González Amador.

La defensa insiste en que fue el abogado de González Amador quien infrinjo la confidencialidad del correo electrónico al enviarlo a una dirección de la Fiscalía que no estaba relacionada con el caso. Destacan que, en el entorno de la Fiscalía, había alrededor de 600 personas que potencialmente podían acceder a las pesquisas sobre González Amador antes de que se publicara la información.

En cuanto a la acusación sobre el borrado de los datos en su teléfono móvil y cuenta personal de Gmail, la defensa aclara que esto es una medida de seguridad habitual y atribuye los cambios a la difusión pública de su información y al hostigamiento que comenzó a recibir.

Además, subrayan que no hubo perjuicio alguno para González Amador, quien aún podría llegar a un acuerdo a pesar de las informaciones divulgadas, y proponen testigos para el juicio, dejando de lado la declaración del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien está solicitando una acusación popular.