El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se presentó nuevamente este miércoles ante el Tribunal Supremo, donde enfrenta acusaciones relacionadas con la posible filtración de un correo electrónico que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante su declaración, reiteró que no tiene responsabilidad sobre la supuesta revelación del citado mensaje, manteniendo así su postura inicial en el juicio.

En un momento clave de la audiencia, la fiscal María Ángeles Sánchez Conde le preguntó: "¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?". A lo que García Ortiz respondió con firmeza: "No lo he hecho llegar", y al ser cuestionado de nuevo, reafirmó su declaración. Se enfrenta a severas consecuencias legales que podrían incluir hasta seis años de prisión, así como una inhabilitación de doce años y una multa económica superior a los 400.000 euros.

Al concluir su comparecencia, donde solo respondió a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, García Ortiz compartió una reflexión que le había transmitido un profesional ajeno al caso, un dentista, que a su juicio encapsula su situación: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”.

El controvertido correo electrónico en cuestión es el que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía, proponiendo reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo que evite la prisión. Según las investigaciones, este correo habría sido filtrado a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo, y es precisamente esta acusación la que está en el centro del juicio.

García Ortiz fue categórico al afirmar que no vio la llamada del periodista Miguel Ángel Campos durante el periodo crucial de la filtración y destacó que la Guardia Civil ya había indicado que no atendió dicha comunicación. “No atiendo llamadas desde que soy fiscal general, porque me podría volver loco, y menos esa noche”, concluyó.

Durante alrededor de noventa minutos, García Ortiz expuso su versión de los acontecimientos desde el 7 de marzo, cuando un periodista alertó a su equipo sobre una investigación relacionada con la Comunidad de Madrid, hasta el 15 de marzo, momento en el que se reunió con la Abogacía para manejar la situación tras la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía que dio origen al caso.

El fiscal general advirtió que la chispa que provocó esta serie de actuaciones fue un artículo publicado a las 21:29 horas del 13 de marzo por el diario 'El Mundo', que sostenía que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, además de insinuar que un alto mando había detenido dicha negociación. García Ortiz calificó de “insidia” y “calumnia” tales afirmaciones, subrayando que no hubo orden alguna para detener una oferta que nunca se realizó.

El objetivo de su intervención aquella noche, según relata, fue comprender lo sucedido y dar una respuesta formal de la Fiscalía a una noticia que ponía en tela de juicio la labor del Ministerio Público. “No se trató de perjudicar al novio de Díaz Ayuso, eso está fuera de toda discusión”, precisó.

Subrayó también que cualquier información relacionada con González Amador fue manejada con la máxima cuidado, revelando que inicialmente se hacía referencia a la “pareja sentimental de Díaz Ayuso” en el comunicado, pero luego se optó por usar su nombre completo. Asimismo, se decidió no adjuntar el documento de ocho páginas que detallaba el acuerdo propuesto por su defensa.

García Ortiz enfatizó que él y su equipo fueron los responsables de redactar la nota de prensa inicial, tras revisar la cadena de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal encargado del caso. El propósito era doble: resaltar el trabajo de los fiscales y presentar los hechos con rigor.

Refiriéndose a la nota de prensa, argumentó que ésta habría quedado incompleta si no se incluían los correos mencionados, especialmente después de que fueron dados a conocer por los medios de comunicación. “No hubo ninguna duda sobre cómo proceder. Ni siquiera se generó un borrador”, añadió, señalando la falta de cooperación de la Fiscalía Superior de Madrid, gestionada por Almudena Lastra, quien la calificó de obstruccionista al calificar el comunicado como “ridículo” por contener información previamente publicada.

Aunque García Ortiz no imputó directamente el comportamiento obstruccionista a sus vínculos personales con Lastra, insinuó que la fiscal muestra una clara aversión hacia la dirección actual del Ministerio Público.