El Tribunal Supremo ordena revisar la denegación de 1.000 licencias VTC en Madrid

El Tribunal Supremo ordena revisar la denegación de 1.000 licencias VTC en Madrid

El Tribunal Supremo ha dado un revés a la Comunidad de Madrid al estimar parcialmente un recurso presentado por Maxi Mobility Spain. El recurso se interpuso luego de que la Comunidad denegara en 2018 la solicitud de 1.000 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de clase VTC. La base de la denegación fue que otorgar dichas autorizaciones superaría la limitación de 1 licencia VTC por cada 30 de taxi.

La sentencia del Tribunal Supremo aclara que la anulación del acto denegatorio no implica la concesión automática de las 1.000 autorizaciones VTC solicitadas por Maxi Mobility Spain. En cambio, se ordena que el procedimiento regrese a la Administración de la Comunidad de Madrid para que resuelva nuevamente sobre la solicitud. Es importante destacar que la resolución se deberá realizar de acuerdo con la normativa aplicable en el momento en que se formalizó la solicitud, sin tener en cuenta la limitación cuantitativa de 1/30 establecida en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El Tribunal Supremo se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2023. Según esta sentencia, la limitación de autorizaciones VTC/Taxis en la proporción de 1/30 no implica una ayuda implícita del Estado al sector del taxi, pero va en contra de la libertad de establecimiento establecida en el artículo 49 del tratado de la UE. A menos que se demuestre que la medida limitativa es apropiada y proporcionada para alcanzar objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente.

Esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva al Tribunal Supremo a estimar parcialmente el recurso de Maxi Mobility Spain. La denegación de la Comunidad de Madrid se basó exclusivamente en la norma que limita las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a una por cada treinta autorizaciones de transporte público de viajeros en vehículos de turismo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo destaca que esta restricción solo cumple con el Derecho europeo si se presentan razones de interés general que la justifiquen de manera imperativa.

Los magistrados señalan que los actos administrativos impugnados en este pleito no adolecen de un mero defecto formal de motivación. Por el contrario, representan una infracción jurídica del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que determina su invalidez. Al ordenar la retroacción del procedimiento, la sentencia recuerda que la Administración no examinó ni los requisitos formales ni materiales necesarios según la legislación para la concesión de las autorizaciones.

En su resolución, la Comunidad de Madrid argumentó que la solicitud no cumplía con los requisitos exigidos por la legislación específica, y que tampoco se adjuntaba la documentación requerida. Sin embargo, no solicitó su subsanación al considerar que la denegación era obligada debido a la aplicación de la limitación de las licencias en proporción 1/30.

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