El Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas con un valor superior a los 3 millones de euros, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso.
Según fuentes del tribunal, la mayoría progresista del pleno, con 7 votos en contra y 4 a favor, ha aprobado la ponencia redactada por la magistrada María Luisa Balaguer, que sostiene que la creación de este impuesto no representa una invasión del Estado en las competencias autonómicas en materia fiscal. Además, subraya que las facultades autonómicas no pueden anular las facultades estatales.
El Gobierno de Díaz Ayuso argumentó en su impugnación que este nuevo impuesto podría violar principios como la seguridad jurídica, la capacidad económica y la no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha desestimado estos argumentos al considerar que no hubo irregularidades en el proceso parlamentario ni ninguna de las violaciones mencionadas.
Además de Madrid, los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia también han impugnado este impuesto. Tanto el Gobierno madrileño como la Junta solicitaron la suspensión cautelar de su aplicación, pero el Tribunal Constitucional lo ha denegado.
La decisión del TC se ha producido 10 meses después de que el Senado aprobara este impuesto. La medida fue incluida en el Congreso como una enmienda a la ley propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para introducir nuevos impuestos temporales a empresas energéticas y a la banca.
La iniciativa contó con el respaldo de 139 senadores, con 107 votos en contra y 12 abstenciones. El impuesto avalado por el Tribunal Constitucional establece un 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5,3 millones de euros, un 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y un 3,5% para aquellos patrimonios superiores a los 10,6 millones de euros.