En Madrid, el 13 de noviembre, se ha llevado a cabo un juicio que ha captado la atención de muchos, en el cual la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de la controversia. Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una acusación particular que levanta serias acusaciones sobre filtraciones perjudiciales a su respecto.

Durante su alegato final, el abogado Gabriel Ramos defendió a González Amador, afirmando que las supuestas filtraciones han dañado su presunción de inocencia al tildarlo de “delincuente confeso”. Esta situación, según Ramos, ha llevado a lo que él considera una “sentencia popular” que ha influido negativamente en la imagen pública de su cliente y lo ha convertido en una “moneda de cambio” en el ámbito político.

El abogado explicó que lo problemático de la situación no es simplemente la divulgación de que existe un procedimiento penal en curso, sino que se ha proyectado una imagen explosiva que convierte a González Amador en un delincuente confesado. “Se ha emitido una condena pública sin el debido proceso”, argumentó Ramos con preocupación.

El letrado también responsabilizó al Gobierno de crear un "relato institucional" que ha sido reforzado constantemente, señalando que diversos representantes políticos perfilan esa narrativa, lo que amplifica la crisis de su cliente. “Es como si existiera una sentencia pública, un juicio mediático que se alimenta día a día”, enfatizó.

Ramos advirtió sobre el impacto que esta “maquinaria de comunicación” ha tenido en la vida personal y profesional de González Amador, y se cuestionó qué tipo de defensa podría tener su cliente frente a la acusación de fraude fiscal, que trae consigo una serie de dificultades relacionadas, más allá de lo legal.