El juez Juan Carlos Peinado ha denominado esta semana como clave en la ampliación de una investigación que ha suscitado mucha inquietud en el ámbito político. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fue llamada a declarar en el contexto de una indagación que aborda presuntas irregularidades relacionadas con la apropiación indebida de software desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La comparecencia de Gómez, junto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el exconsejero madrileño Juan José Güemes, se llevará a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Este evento está programado para el miércoles, donde tanto Gómez como Güemes comparecerán como investigados, mientras que Álvarez lo hará el viernes en calidad de testigo. Los preparativos para su llegada al juzgado están alineados con un gran despliegue policial, que ya ha sido habitual en otras ocasiones similares.

Aunque todos ellos están siendo interrogados en relación con la misma causa, el juez les ha convocado por diferentes aspectos. Begoña Gómez y Cristina Álvarez son señaladas debido a una querella presentada por la organización Hazte Oír, que sostiene que hubo una apropiación indebida del software de la UCM, así como intrusismo, mientras que Güemes está implicado por su rol en la contratación de Gómez para liderar un centro dedicado a África.

Este será el tercer encuentro de Begoña Gómez con los tribunales. En sus dos intervenciones anteriores, en julio, alegó que no se habían cumplido los procedimientos legales adecuados para notificarle la querella, lo que complicó su participación en el interrogatorio. Su abogado, en la segunda cita, le aconsejó no declarar debido a las preocupaciones sobre las garantías del proceso que se originaba solamente de las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción empresarial.

En octubre, el juez amplió su investigación para profundizar en la querella interpuesta por Hazte Oír, donde se acusa a Gómez de abuso en la utilización del software de la universidad y también de intromisión en la creación de documentos técnicos requeridos para los servicios relacionados con dicho software.

El juez había programado el interrogatorio para el 18 de noviembre; sin embargo, tuvo que posponerlo hasta esta semana debido a un viaje oficial que Begoña Gómez realizaba a Brasil para asistir a la cumbre del G-20. Las indagaciones continuarán con la declaración de Cristina Álvarez, quien está implicada en correos que revelan su participación en gestiones con la UCM, mientras Gómez tenía bajo su cargo un máster en esta institución.

En uno de los correos, se observa cómo dos funcionarias de la UCM se comunicaron con Álvarez, proporcionándole información sobre el registro del dominio de la página web del máster. Este mensaje incluía un modelo de contrato que aseguraba que la UCM sería la propietaria total del proyecto, dada la colaboración de personal de la universidad.

Este intercambio de correos no solo involucra a Álvarez, sino también a Begoña Gómez y a otra coordinadora del máster, lo que sugiere una red de comunicación interna en el manejo del programa. Álvarez, además, se ha visto asociada a correos que se refieren a su rol oficial dentro de la Secretaría General de Presidencia.

El proceso judicial avanza con implicaciones serias en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Gobierno al obligar a Álvarez a proporcionar declaraciones veraces ante las diferentes partes implicadas, que van desde el juez hasta los diferentes acusadores, incluyendo a Vox y otras organizaciones que llevan el caso.

En paralelo, Juan José Güemes, quien está directamente vinculado en la contratación de Begoña Gómez, enfrentará nuevamente al juez. En su última comparecencia, negó que su conexión con Gómez se debiera a su matrimonio con el presidente, algo que fue puesto en entredicho por declaraciones previas de una alta funcionaria del IE.

Ahora, como investigado, Güemes tiene la opción de ejercer su derecho a no declarar o decidir en qué partes del proceso está dispuesto a responder, dejando la puerta abierta a interrogantes que aún persisten en torno a este complejo caso de posibles irregularidades en la administración pública.