El Gobierno español ha tomado una decisión importante en su último consejo de ministros al aprobar un anteproyecto de ley que contempla la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas. Esta medida implica que el Estado asumirá un total de 8.644 millones de euros de la deuda que corresponde a la Comunidad de Madrid, lo que supone una disminución del 24% de su carga financiera, según lo anunciado oficialmente.

En total, se prevé que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros en deudas de diversas comunidades autónomas. Andalucía y Cataluña son las regiones que más se beneficiarán de esta política, ya que verán su deuda reducida en 18.791 millones y 17.104 millones de euros, respectivamente, lo que representan más del 43% del total destinado a esta condonación.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, menciona que esta medida generará un ahorro en intereses de entre 6.600 y 6.700 millones de euros para las administraciones regionales. Dichos fondos, en lugar de destinarse a pagar intereses, podrán invertirse en ámbitos sociales cruciales, como la sanidad, educación y atención a la dependencia.

Montero también explicó que el 75% de la cantidad total que el Estado asumirá, alrededor de 60.000 millones de euros, se distribuirá conforme a un indicador de "población ajustada". Esto resultará en una condonación promedio del 19% de la deuda de las comunidades autónomas, superando así la media general de estas entidades.

En el caso específico de Madrid, esta condonación de deuda de 8.644 millones de euros representa una reducción significativa en su carga financiera, alineándose por encima de la media general de condonación. El Gobierno aprovecha para señalar que, sin contar los fondos europeos, la Comunidad de Madrid ha recibido 43.000 millones de euros más de recursos durante el mandato de Pedro Sánchez en comparación con los siete años de gobierno de Mariano Rajoy.

El anteproyecto presenta un método claro para calcular cuánto corresponderá a cada comunidad. El Ministerio de Hacienda había compartido esta metodología con las comunidades en febrero, y se ha llevado a cabo una serie de reuniones técnicas para detallar el proceso a los gobiernos autonómicos.

La metodología compara el aumento de la deuda autonómica entre dos periodos críticos: el de la crisis financiera (2009-2013) y el de la pandemia junto con la crisis provocada por la guerra en Ucrania (2019-2023). Durante estos años, se detectó que la deuda creció significativamente más en el primer periodo que en el segundo, lo que resalta un problema de sobreendeudamiento que se busca remediar con estas condonaciones.

Una vez evaluado el sobreendeudamiento, se aplica un criterio técnico para determinar el reparto de la condonación en función de la población ajustada. Las comunidades que estén por debajo de la media recibirán un incremento en su condonación para asegurar que cada una logre al menos un 19,3% de reducción en su deuda, un umbral del cual Madrid está exenta.

Se han implementado ajustes adicionales para igualar la condonación por habitante y compensar a aquellas comunidades que han tenido un manejo fiscal más ajustado. Esto no afecta a Madrid, que se encuentra en una posición más favorecida en comparación con otras regiones.

Con respecto a la tramitación de la ley, Montero ha anunciado que el anteproyecto se someterá a un periodo de audiencia pública para permitir la participación de las comunidades autónomas. La intención del Gobierno es presentar la norma al Congreso antes de que finalice el año y buscar su aprobación definitiva en el primer trimestre de 2026, aunque la ministra ha señalado la necesidad de considerar el tiempo para las enmiendas de los grupos parlamentarios.