Vox continúa manifestando su desacuerdo por no haber incluido su voto particular en el reciente dictamen de la comisión de investigación sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la supuesta favoritismo hacia Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Por su parte, tanto el PSOE como Más Madrid han criticado una vez más la existencia de dicha comisión.

Este jueves, la Asamblea de Madrid, con el apoyo mayoritario del PP, dio luz verde al informe de la comisión que se centró en las sospechas de irregularidades en el trato que recibió Gómez en la UCM. Este dictamen contiene evidencias que podrían delatar un potencial desvío de fondos públicos de la Presidencia hacia otros fines y se enviará a la Fiscalía y a los tribunales correspondientes.

El informe, impulsado por el PP y respaldado por Vox, pone de manifiesto una serie de hechos que sugieren la posibilidad de un mal uso de recursos públicos, dando protagonismo a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, quien parece haber estado involucrada en actividades académicas que no le correspondían como funcionaria de la Presidencia. Adicionalmente, se solicita que se realice una investigación sobre un software de medición de impacto vinculado a esta labor académica.

Los representantes del PP habían adelantado en febrero que su documento incluiría los “indicativos o indicios de delitos” que, una vez analizados, serian puestos a disposición de la ley. Después de su aprobación en el Pleno, el informe será publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea y su destino judicial será deliberado por la Mesa de la Cámara, donde el PP cuenta con una mayoría sólida que promete traslados a la Fiscalía.

El PP sostiene que la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue realizada de manera irregular y apresurada, alegando que su generación fue orquestada desde el Palacio de La Moncloa, sin seguir los procedimientos adecuados de la universidad. En el dictamen se afirma que esta cátedra fue construida “ad hoc” para proporcionar a Gómez un rol académico que no tenía justificación ni por su formación ni por sus antecedentes laborales.

A los parlamentarios del PP les resulta evidente que ha existido una serie de decisiones políticas poco comunes para lograr la creación de esta cátedra. Asimismo, se destaca que la designación de Gómez como directora contradice la normativa interna de la UCM, con un perfil que no tenía comparación con los directores de otras cátedras de la universidad.

El dictamen también pone el foco sobre el desarrollo del mencionado software, cuyos controles estaban supuestamente a cargo de Begoña Gomez y su círculo cercano. Acusan que se constituyó una empresa con el mismo nombre que el software y que sus objetivos eran muy similares, lo que sugiere un posible uso indebido de recursos públicos para fines personales.

Esto invita a cuestionar la ética pública y los límites entre lo institucional y lo personal en el Gobierno, señalaron los autores del dictamen. Además, critican los másteres que Gómez organizó, señalando que se seleccionó a los docentes de manera arbitraria y sin criterios académicos claros.

La presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant, afirmó que ha quedado en evidencia la responsabilidad de Gómez en un proceso que parece diseñado para satisfacer intereses personales, poniendo en riesgo la integridad de los recursos públicos destinados a la educación superior.

Mercedes Zarzalejo, del PP, destacó que su partido ha intentado representar la voz de los ciudadanos indignados por lo que considera un escándalo que compromete a la familia del presidente y al Gobierno español, criticando la creación de una “red de favores” en torno a Begoña Gómez.

Desde Vox, la diputada Ana Cuartero defendió la pertinencia de la labor del partido en esta comisión, lamentando que el PP solo haya querido explorar una parte de la verdad, lo que podría evitar que asumiera responsabilidades políticas por el estado actual de la UCM.

El PSOE y Más Madrid han descalificado la comisión, describiéndola como un intento de utilizar la institución con fines políticos por parte del PP. La diputada socialista Marta Bernardo argumentó que la comisión es un ejercicio de odio político y que solo tiene como finalidad desestabilizar el Gobierno.

Antonio Sánchez, de Más Madrid, también se pronunció exigiendo al PP que se disculpe ante la Universidad Complutense y su rector, alegando que han infligido un daño injustificado mientras utilizaban recursos públicos para realizar este tipo de políticas partidistas. A la par, recalcaron la falta de inversión en las universidades públicas de la región.