Una reunión convocada por la Delegación del Gobierno ha tratado de abordar las urgencias sociales que afectan a la comunidad de la calle Cullera, involucrando a representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. La subdelegada del Gobierno en la capital, Pilar Trinidad, presidió esta mesa técnica, que busca una solución a la problemática que enfrentan los vecinos en el marco de las competencias de cada administración.

La iniciativa para llevar a cabo esta reunión técnica, que aspiraba a ser tripartita, fue promovida hace dos semanas por el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Este encuentro se produce después de su visita anterior a la zona, en junio del año pasado, cuando ya se reunió con miembros de la Asociación de Vecinos de Lucero. En esa oportunidad, también participaron el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, así como autoridades policiales y otros representantes comunitarios.

Durante la visita, los vecinos expresaron nuevamente su preocupación por lo que consideran un "abandono" administrativo que les afecta. Se mencionaron problemas graves relacionados con el consumo y tráfico de drogas, así como la situación irregular de varios inmuebles en la zona, además de los inconvenientes vinculados a la convivencia y la salubridad.

Francisco Martín se dirigió a los máximos responsables del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Miguel Ángel García, a través de una carta que les instaba a enviar representantes a la reunión. No obstante, ambos rechazaron la invitación, una decisión que la subdelegada considera como una clara irresponsabilidad ante los problemas que sufren los madrileños.

"Es una situación lamentable y un bochorno que ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento hayan querido asistir a esta mesa", remarcó Trinidad, señalando la imperiosa necesidad de que las distintas administraciones trabajen juntas para abordar las dificultades que enfrentan los vecinos.

La subdelegada también subrayó que la situación que viven los habitantes del barrio de Lucero no se limita a la seguridad, aunque este aspecto ya está en el radar de las autoridades. "Existen problemas que requieren una respuesta coordinada, tal como nos han expuesto", añadió Trinidad.

Entre las quejas comunicadas por los vecinos se encuentran la falta de servicios esenciales, tales como limpieza y mantenimiento de áreas verdes, así como la necesidad de ayuda en la tramitación de ayudas sociales y servicios sociosanitarios dirigidos a personas con adicciones. También se plantea la autoridad para instalar cámaras de seguridad en la zona.

Uno de los conflictos centrales es la problemática de las viviendas ocupadas sin título legal, especialmente en los edificios situados en las calles Cullera 14 y 16. Algunas de estas propiedades son gestionadas por la Agencia Social de Vivienda, y se manifiestan como el origen de una serie de conflictos que afectan a la comunidad.

A pesar de la ausencia de representantes de las administraciones locales, Martín aseguró que se hará llegar un informe sobre las conclusiones de la reunión, resaltando la necesidad de que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento asuman sus responsabilidades al respecto. Se comprometió a convocar nuevamente a las partes involucradas para continuar el diálogo.

Por su parte, los residentes de la zona han expresado su malestar por la falta de asistencia de los representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad. Javier Poveda, de la Asociación Vecinal de Lucero, enfatizó que en la calle Cullera existe un serio problema con el narcotráfico que afecta gravemente la vida diaria de los vecinos.

El portavoz vecinal advirtió sobre la grave situación de convivencia generada por el tráfico de drogas, donde el comportamiento de los individuos afectados por la adicción ha llevado a un grado de incomodidad tan elevado que muchos consideran la vida en la zona como insostenible. “Sus necesidades son atendidas en los portales, lo que evidentemente afecta la calidad de vida”, expuso.

Poveda destacó que es crucial que los tres niveles administrativos involucrados tomen cartas en el asunto. La Comunidad de Madrid debe prestar atención a los usuarios de drogas y concluir el proceso de desalojo de las viviendas ocupadas que complican la situación. “Hasta que no se realice, la Policía se ve limitada en su capacidad de intervención”, agregó.

El miembro de la asociación también hizo hincapié en que el Ayuntamiento tiene la obligación de mantener los espacios públicos limpios y operativos para que los vecinos puedan disfrutar de su comunidad. “Nosotros podemos aportar ideas, pero reconocemos que no somos expertos. Lo importante es que los responsables se sienten conjuntamente a discutir y a buscar soluciones efectivas”, concluyó.

Sobre el anuncio realizado por Almeida, en el que se informa que un concejal de la Junta de Distrito de Latina programará una reunión con los vecinos afectados, Poveda se mostró optimista, aunque con cautela, señalando que ya habían solicitado mediación con la Agencia Social de Vivienda sin que se haya materializado hasta la fecha.

También manifestaron sentirse decepcionados por el compromiso del Ayuntamiento, que les prometió la instalación de cámaras de vigilancia hace cuatro años, pero que, hasta el momento, no ha cumplido su promesa, señalando que aún no se ha presentado la solicitud necesaria ante los organismos pertinentes.

Desde la FRAVM, su presidente expresó su frustración por la falta de respuesta coordinada entre las distintas administraciones frente a problemas de seguridad, reiterando que esta discordancia resulta en un sufrimiento innecesario para los vecinos. La comunidad demanda un incremento en los efectivos policiales y un enfoque más decidido por parte del Ayuntamiento en cuanto a la salud pública y la atención a las adicciones.

Además, Nacarino criticó la reciente decisión judicial que liberó a las personas detenidas durante una operación en la calle Cullera, así como la negativa de la jueza decana de Madrid a colaborar en la unificación de acciones judiciales, lo que, a su juicio, podría contribuir a una mayor eficacia policial en la zona.