En Madrid, el problema de las viviendas turísticas se ha convertido en una cuestión de preocupación para el Ayuntamiento, que se ha visto obligado a actuar frente a la proliferación de este tipo de alojamientos. De las 16.100 propiedades clasificadas como turísticas, solamente 1.131 cuentan con la licencia municipal correspondiente, lo que representa un escaso 7% de las mismas.

Desde la reactivación del turismo después de la pandemia, Madrid ha sido testigo de un aumento en la actividad de alojamientos turísticos, lo que ha llevado al Ayuntamiento a intensificar sus inspecciones y sanciones. Estas pueden oscilar entre 30.000 y 100.000 euros, y recientemente, un fallo judicial ha obligado a clausurar varios pisos turísticos en la calle Toledo por violar el derecho a la intimidad de los vecinos.

La preocupación por la escasez de vivienda asequible se ha visto alimentada por el aumento de estos alojamientos turísticos. En el periodo de 2007 a 2024, la población de Madrid creció un 9%, lo que ha puesto de relieve la tensión en el mercado residencial. En el distrito Centro, se ha observado que las viviendas turísticas constituyen el 42% del total, mientras que la población en ese distrito ha crecido a un ritmo mucho más lento que en otras áreas de la ciudad.

El área de Urbanismo ha señalado que, en el Centro, hay un turista por cada dos residentes, refleja la fuerte competencia por el espacio habitacional. Además, el impacto en el comercio local ha sido notable, con más de 3.000 locales convertidos en alojamientos turísticos desde 2015, un fenómeno que se atribuye en gran parte al Plan de Hospedaje de 2019 impulsado por el anterior gobierno municipal.

En respuesta a este panorama, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha promovido el Plan Reside para regular la situación de las viviendas turísticas ilegales y tratar de proteger la convivencia residencial en la capital. Según Carabante, este plan busca reordenar los alojamientos turísticos y hacer cumplir la normativa vigente, limitando estos espacios a plantas bajas o sótanos y garantizando un acceso independiente.

El Plan Reside también ha traído consigo la congelación de licencias para nuevas viviendas turísticas y un endurecimiento considerable de las sanciones, que ahora pueden superar los 190.000 euros. Esto contrasta con las multas de 6.000 euros que se imponían antes bajo el Plan de Hospedaje de la administración anterior.

Las críticas han surgido principalmente del lado de la oposición. Desde Más Madrid y el PSOE se ha argumentado que las iniciativas actuales del gobierno podrían llevar a la transformación de un gran número de viviendas en pisos turísticos, lo que afectaría negativamente a la población local. Vox, por su parte, ha manifestado que el plan podría ser una mejora, pero advierte sobre la falta de un enfoque consistente en toda la ciudad.

En medio de este debate, el Ayuntamiento mantiene una comunicación activa con el Ministerio de Derechos Sociales, que ha señalado la existencia de miles de alojamientos ilegales. Se han registrado numerosas quejas y denuncias por parte de los vecinos, reflejando un aumento del 37,4% en las reclamaciones respecto al año anterior, lo que sugiere una creciente preocupación sobre la legalidad y el impacto de estos establecimientos.

Mientras tanto, los pequeños propietarios de pisos turísticos están alarmados y sienten que el Plan Reside favorece a los grandes fondos de inversión, argumentando que la mayoría de los alojamientos son gestionados por familias y particulares que dependen de esta actividad para complementar sus ingresos. Este conflicto entre intereses económicos y la necesidad de regular la situación continúa creando tensiones en la comunidad.

La creciente conflictividad entre turistas y residentes ha llevado a la formación de la Oficina de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico, donde los vecinos han podido hacer frente a las dificultades relacionadas con la convivencia en áreas saturadas. Aunque el fenómeno de las viviendas turísticas ha evolucionado, se ha intensificado especialmente en el centro histórico, donde la proporción de estas propiedades ha aumentado significativamente.

A la luz de la reciente sentencia que obliga a cerrar diez alojamientos turísticos por causar molestias a una familia, el Ayuntamiento ha instado a los ciudadanos a ejercer sus derechos en caso de que estos espacios perturben la vida comunitaria. La situación actual es un reflejo de un desafío mayor en la lucha entre la regulación del turismo y la necesidad de preservar la calidad de vida de los residentes en Madrid.