El 6 de agosto en Madrid, se ha hecho eco de una dura denuncia por parte de Comisiones Obreras (CCOO) en la capital, respecto a la detención de tres de sus representantes. Según el sindicato, estas detenciones realizadas por la Guardia Civil son consideradas “arbitrarias y sin fundamento”, y estarían relacionadas con daños ocasionados en varios vehículos en una instalación de la empresa OHL Servicios Ingesan, situada en el Parque Empresarial Los Perales, tras la primera jornada de huelga que llevaron a cabo los trabajadores.

Documentos a los que ha tenido acceso Europa Press detallan que las detenciones, efectuadas el pasado 30 de julio, están vinculadas a un presunto delito reiterado que causa daño a seis vehículos aparcados dentro de las instalaciones de OHL. Informes de la Guardia Civil indican que el costo de los daños supera los 7.000 euros.

El informe señala que los presuntos autores llegaron a Sevilla la Nueva en dos vehículos, uno de los cuales entró a la nave con una llave, causando varios destrozos en las lunas de los coches, mientras otro vehículo supuestamente estaba coordinando la acción y el tercero brindaba apoyo. Ante estas afirmaciones, tanto CCOO como los individuos acusados han respondido rechazando estas acusaciones calificándolas de “totalmente falsas y desprovistas de evidencia”.

En un comunicado oficial, uno de los implicados ha negado de forma “categórica” haber estado en Sevilla la Nueva esa noche, afirmando que estaba en su hogar durmiendo. Además, han indicado que se presentaron a declarar en el cuartel de Navalcarnero cuando se les solicitó, solo para ser detenidos y esposados sin justificación alguna.

Según CCOO, posterior a su detención, los tres fueron trasladados a otro cuartel, donde, según sus denuncias, fueron fotografiados no solo en sus rostros, sino también obligados a mostrar sus tatuajes tras desnudarse. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil han desmentido estas afirmaciones sobre las fotografías.

Las críticas del sindicato continúan, al considerar que la instrucción es “una chapuza”, apuntando que el informe menciona que los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2024, cuando en realidad se refieren a fechas ocurridas el 6 de junio de este año 2025.

Adecuada la detención a “indicios”, CCOO ha señalado que el propio documento menciona que las evidencias sobre la participación de los acusados se fundamentan en grabaciones de cámaras de seguridad y lectura de matrículas.

Después de unas horas bajo custodia, los tres sindicalistas fueron liberados, aunque uno de ellos está obligado a presentarse en los tribunales cuando sea convocado.

Pedro Morán, responsable de saneamiento urbano en la Federación del Hábitat de CCOO y uno de los detenidos, ha afirmado que su detención se debe simplemente al ejercicio de su derecho constitucional a convocar huelgas, argumentando que las acusaciones ni siquiera cuentan con pruebas sólidas.

Además, Morán ha indicado que la empresa facilitó a la Guardia Civil sus nombres, sospechando que merecían atención solo por ser reconocidos como representantes sindicales.

En un claro mensaje de rechazo, CCOO Madrid ha enfatizado que no tolerará prácticas que socavan los derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la información y la manifestación, consagrados en la Constitución española. El sindicato ha avisado que considerará acciones legales si la situación que llevó a estas detenciones no se corrige.