En Madrid, los trabajadores de las Brigadas Forestales han decidido reiniciar su huelga indefinida este lunes, una acción destinada a evidenciar la situación de precariedad laboral y temporalidad que padecen. Sus demandas se centran en la necesidad de mejoras laborales, coincidiendo con la inminente reunión programada para el 28 de agosto entre las partes involucradas.

El comité de empresa, compuesto por los sindicatos UGT, Firet y CGT, optó por pausar la huelga, que había comenzado el 15 de julio, ante la grave ola de incendios que asoló el país. No obstante, ahora se reanudan las protestas al no haberse observado avances significativos en sus reivindicaciones laborales.

El encuentro del próximo jueves promete ser una oportunidad clave, ya que participarán representantes de la empresa pública Tragsa, que contrata a los trabajadores, así como del comité de empresa y del Gobierno regional. El objetivo es abordar el conflicto laboral que afecta a estos profesionales.

En declaraciones recientes, la representación de los trabajadores dejó claro que la huelga seguirá activa hasta que se logren avances concretos. Asimismo, recordaron el desinterés mostrado por Tragsa y el Ministerio de Hacienda en la reunión programada para el 18 de agosto.

Con la huelga, a la que se han establecido servicios mínimos del 80%, los trabajadores buscan poner de relieve su situación laboral, la falta de seguridad en sus empleos y la urgencia de renegociar un convenio colectivo que no recibe actualizaciones desde 2008.

Entre sus principales demandas se encuentran la revisión de los salarios, que no han aumentado desde 2010, así como un reconocimiento del riesgo y las condiciones difíciles que implica su trabajo, que actualmente no está protegido frente a agentes nocivos. Además, exigen poner fin a la alta temporalidad, ya que un 40% de la plantilla se encuentra contratada solo durante cuatro meses al año.

En total, cerca de 500 bomberos forestales están afectados por esta situación en la Comunidad de Madrid, aunque en temporada baja, esa cifra se reduce a aproximadamente 350. Estos trabajadores son contratados por Tragsa, que está vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.

Recientemente, la Comunidad de Madrid confirmó que renovará el acuerdo que permite a Tragsa llevar a cabo labores de prevención y control de incendios, un encargo que finaliza en diciembre. Este nuevo acuerdo, que se aplicará a partir de 2026, incluirá mejoras significativas, como un aumento presupuestario de 4 millones de euros, elevando el total a más de 32 millones de euros al año. Además, se prevé la contratación del personal durante todo el año.

Jesús Casas, presidente de Tragsa, aseguró que la empresa cumplirá con las mejoras estipuladas en el nuevo convenio. Desde la Comunidad, también se ha mencionado la intención de presentar un plan que mejore las condiciones laborales y las infraestructuras a los representantes de los trabajadores.

No obstante, desde el comité de empresa han rechazado la propuesta planteada por el Gobierno regional, que sugiere que los bomberos forestales de Madrid se acojan al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales. Esta opción fue desestimada, argumentando que implica un reconocimiento de servicios totalmente distintos y podría generar inseguridades jurídicas para la plantilla.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente ha defendido que esta propuesta ha sido valorada positivamente por diversos ministros del Gobierno, y que sería un procedimiento perfectamente válido si se alcanza un acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Los miembros de las Brigadas Forestales en Madrid se rigen actualmente por un convenio colectivo específico que, según Tragsa, no puede ser negociado por esta empresa. El Gobierno sostiene que tampoco puede intervenir en este asunto, debido a que su competencia en relación al convenio colectivo es limitada, como lo indica un informe de la Dirección General de Trabajo.

Este informe aclara que, aunque Tragsa no está autorizada para negociar el convenio colectivo sectorial, sí tiene la posibilidad de acordar su propio convenio de empresa. Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 no tiene la legitimidad para tratar el convenio de trabajadores que no son su personal directo, sino trabajadores de empresas subcontratadas.

Desde el Gobierno regional, se defiende que tal acuerdo podría servir para incluir a todos los profesionales que trabajan en prevención y extinción de incendios forestales, estableciendo así condiciones laborales más homogéneas para quienes realizan funciones similares.