El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no unirse a la comisión de trabajo que ha instaurado el Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant. Esta comisión tiene como finalidad alcanzar el objetivo de destinar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a la financiación de las universidades públicas.

Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades, hizo pública esta postura en una carta fechada el 23 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press. En su misiva, Viciana enfatiza que esta meta, mencionada en el artículo 55.2 de la LO 2/2023 del 22 de marzo, es un concepto "indeterminado jurídico" que no se ajusta a la realidad financiera de las universidades y las comunidades autónomas.

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea la semana pasada, Viciana subrayó que el planteamiento de financiar las universidades públicas con el 1% del PIB carece de fundamento económico. Aseguró que el cálculo debe basarse en el esfuerzo presupuestario de las comunidades y no en el PIB, señalando que la Comunidad de Madrid ha estado destinando más del 4% de sus presupuestos generales anuales a sus universidades públicas.

El consejero también destacó que las universidades de la región albergan cerca del 20% de todos los estudiantes de España, mientras que Madrid solo representa el 14% de la población del país, un factor que también demuestra que el PIB no refleja la realidad del sistema educativo.

Viciana criticó, además, la inadecuada financiación que reciben las comunidades autónomas, lo cual, según su opinión, restringe el presupuesto disponible. Afirmó que el Gobierno central parece estar más interesado en realizar reformas que beneficien a sus socios políticos que en abordar las necesidades reales de las autonomías.

Por otro lado, el consejero argumentó que alcanzar una inversión del 1% del PIB en 2030 requeriría alrededor de 3.000 millones de euros anuales, cifra que duplica la inversión proyectada para 2024 y supera el total del presupuesto de las seis universidades públicas en casi 1.000 millones, sin contar la inflación.

Viciana definió esta meta como "arbitraria e irreal", sugiriendo que simplemente busca sobrecargar a las comunidades autónomas, quienes ya enfrentan los sobrecostos de cambios legislativos recientes. En su carta, el consejero también desaprobó las "cargas ideológicas" impuestas por el Gobierno de España, señalando la falta de responsabilidad que la administración central asume en relación a sus propias normativas, mientras continúa negociando condiciones de financiación favorables para ciertas regiones.