En un giro reciente de los acontecimientos en el ámbito político español, la asociación Arcópoli ha tomado la iniciativa de presentar una denuncia ante la Fiscalía en contra de la concejala de Vox, Carla Toscano. Esta acción surge a raíz de lo que consideran intervenciones incendiarias durante el pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado el 24 de junio, donde Toscano supuestamente hizo declaraciones que fueron calificadas como “mensajes de odio” dirigidos al colectivo LGTBI+.

El coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales, ha declarado que el problema va más allá de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+, enfatizando que está en juego la protección de los principios fundamentales de la democracia y la convivencia pacífica frente a discursos que desestiman la diversidad y los derechos humanos básicos.

Entre las afirmaciones que Arcópoli atribuye a la concejala se encuentran comentarios que critican abiertamente la simbología LGTBI+, sugiriendo que representa ideologías destructivas y totalitarias. Toscano se ha referido a esta bandera y al concepto de “ideología de género” de maneras que, según la denuncia, podrían incitar al desprecio y la estigmatización social del colectivo.

Arcópoli sostiene que estas declaraciones sobrepasan los límites permitidos en una sociedad democrática, lo que les ha llevado a presentar un cargo formal por supuestos Delitos de Odio. Además, han hecho un llamado al Defensor del Pueblo para que tome medidas ante lo que consideran un “ataque” sin precedentes a la dignidad y los derechos del colectivo LGTBI+.

En su comunicado, Arcópoli subraya que las palabras de un representante público deben estar alineadas con el respeto y la promoción de la concordia social. Creen que la retórica utilizada por Toscano fomenta la desinformación y perpetúa hostilidades, poniendo en riesgo la seguridad del colectivo LGTBI+.

Como parte de su solicitud al Defensor del Pueblo, la asociación ha delineado varias acciones a seguir: investigar si las declaraciones de Toscano constituyen una violación de derechos fundamentales, emitir una recomendación oficial al Ayuntamiento de Madrid y a Vox sobre la obligación de respetar los derechos de las minorías, y finalmente instar a la Fiscalía a considerar posibles responsabilidades penales relacionadas con incitación al odio.

Rosales concluyó enfatizando la importancia de responder con firmeza ante cualquier forma de ideología que promueva el odio: “No se puede permitir que el discurso de odio se camufle detrás de la libertad de expresión. La defensa de los derechos humanos debe ser innegociable y es momento de buscar justicia y reparación para quienes son víctimas de estas actitudes.”