En una contundente declaración, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, a mostrar valentía y a confesar la verdad sobre su acceso a un documento que contiene datos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Almeida ha enfatizado que la visita de Lobato a un notario no es casual, sino que es un acto deliberado, considerando que, siendo un técnico de Hacienda, es plenamente consciente de que su superior, Pilar Sánchez-Acera, está instándole a utilizar un documento que representa una clara violación del secreto profesional. Estas declaraciones fueron realizadas desde el emblemático Palacio de Cibeles.

El alcalde argumenta que la responsabilidad de Lobato radica en acudir al notario para protocolizar los mensajes de WhatsApp, un paso necesario para protegerse de cualquier implicación legal. En este sentido, ha insistido en que esta información debe ser de dominio público, resaltando que el ciudadano tiene derecho a estar informado sobre estos asuntos.

Almeida también ha señalado que hay una preocupación creciente no solo entre la Fiscalía General del Estado, sino que hay indicios de que documentos confidenciales han sido filtrados desde el propio Gobierno, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de las instituciones.

En una crítica directa, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones, apelando a los valores de decencia y dignidad que, según él, la democracia aún merece preservar. Esta exigencia surge a raíz de las investigaciones respectivas de la UCO, que han sugerido una posible implicación del fiscal general en estas filtraciones.

El alcalde ha planteado una pregunta crucial: ¿Acaso Lobato se enteró del contenido del documento a través de la prensa, o recibió información directa de Pilar Sánchez-Acera desde La Moncloa? Esta distinción es vital en el contexto del debate, ya que, aunque se niegue a filtrar la información, Almeida sostiene que no puede evitar encubrir un posible delito.

Además, ha expressamente declarado que resulta igualmente alarmante que el fiscal general esté bajo investigación por la posible revelación de secretos, así como que un dirigente del PSOE haya estado presionado para filtrar información desde el Gobierno central.

Almeida ha concluido criticando lo que considera una tentativa de crear una especie de "inquisición paralela" a la administración de justicia, un enfoque que señala como totalmente incompatible con los principios democráticos y el Estado de Derecho. Este es el entendimiento que, según su visión, prevalece en el Palacio de La Moncloa.