En una reciente declaración, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho acusaciones contundentes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al colocarlo al frente de lo que ha definido como una “banda delictiva”. Almeida ha manifestado que la situación es tan grave que “no hay banquillo suficiente en España para toda su familia”.

Esta declaración se produjo durante un evento de entrega de diplomas a la Policía Municipal, y surge tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de avanzar con el caso que involucra a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y otros altos funcionarios del Gobierno, quienes serán procesados por presuntos delitos de malversación de recursos públicos en relación con la contratación de personal en la Presidencia.

Almeida expresó su sorpresa ante la permanencia de Sánchez en el cargo, señalando que solo podría explicarse por “una falta total de principios” en un momento en que su familia se ve envuelta en serias acusaciones. En tono irónico, afirmó que “no hay asiento suficiente para la familia Sánchez en el banquillo”.

El alcalde continuó describiendo la situación como un entramado delictivo, asegurando que la influencia de Pedro Sánchez es clave en la obtención de beneficios para sus allegados. “Todas las conexiones llevan de vuelta a una única figura: Pedro Sánchez”, sentenció, aludiendo a varios casos relacionados con su familia y sus decisiones como presidente.

Respecto a la decisión del juez Peinado de que el caso sea evaluado por un jurado popular, Almeida, quien también es abogado del Estado, subrayó que, dado que se trata de un delito de malversación, el margen de maniobra del magistrado es limitado, según la legislación vigente en España.

“Por mucho que insista Pedro Sánchez, no habrá excepciones a la norma, y serán los ciudadanos quienes tendrán la última palabra sobre si es correcto que una asesoría financiada con dinero público se ocupe de asuntos privados de Begoña Gómez en la Moncloa”, agregó Almeida.

Finalmente, el alcalde subrayó que no es éticamente aceptable que una persona pagada con recursos públicos actúe en beneficio privado. “La responsabilidad penal está en manos del jurado, pero la cuestión ética está clara y sin discusión”, concluyó.