En la jornada del 11 de noviembre, la tensión política se intensificó en Madrid, luego de que voces de la oposición pidieran la renuncia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tras presentar irregularidades en los cribados de cáncer de colon. La crítica ha sido contundente, con Más Madrid y el PSOE a la cabeza, apuntando a una gestión marcada por errores significativos en un área tan delicada como la salud pública.

Durante una conferencia de prensa, después de la Junta de Portavoces, se puso de manifiesto la inquietud sobre la situación tras el silencio inicial de la Consejería de Sanidad. Aunque esta última rechazó la idea de una "falla en el diagnóstico", sí reconoció "incidencias" en la notificación de resultados, limitadas a alrededor de 500 casos. La ambigüedad en su respuesta generó aún más desconfianza entre los políticos que exigen medidas claras.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, fue muy clara en su demanda de responsabilidad. En su intervención, enfatizó: "Con el cáncer no se juega" y afirmó que era imperativo que la consejera asumiera su responsabilidad política y dejara el cargo para evitar que estos errores se repitan en el futuro. Según ella, la falta de atención médica adecuada ha dejado a 600.000 madrileños sin un médico de cabecera que pudiera alertar sobre las notificaciones erróneas.

Bergerot continuó expresando que la falta de respuesta efectiva frente a los errores en la comunicación genera una falsa sensación de seguridad en los pacientes y retrasa el acceso a tratamientos críticos. La exigencia de dimisión de Matute se basa también en su negativa a entregar información importante al Ministerio de Sanidad, lo que para Bergerot refleja incapacidad y falta de compromiso con la salud pública.

Por su parte, la representante del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, refuerza la crítica al Partido Popular, señalando que la administración de Ayuso está desviando fondos públicos hacia empresas privadas, en desmedro de los hospitales públicos que requieren atención urgente. Espinar considera que esta situación es resultado de una gestión desastrosa y deshumanizada que da prioridad a intereses privados en detrimento de los ciudadanos.

En el marco de estas acusaciones, Espinar exige la comparecencia de Matute y llama a la acción contra una financiación que considera insuficiente para los servicios públicos de salud, que ve "cerrados" y en mal estado debido a la falta de recursos otorgados por la administración regional.

Frente a estas críticas, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, también se unió a la demanda de rendición de cuentas, explicando que la aludida comunicación errónea se admitió casualmente en un día festivo, sugiriendo que hubo intención de ocultar la magnitud del problema. Desde Vox también se cuestiona la preferencia en la utilización de recursos para atender a poblaciones no regularizadas, argumentando que esto debería ser una prioridad para garantizar el bienestar de los madrileños.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, defendió la actuación del Gobierno autonómico, subrayando que el error se dio en la comunicación, pero no afectó el procedimiento clínico. Aseguró que todos los pacientes recibieron atención adecuada y que no hubo retrasos significativos en la realización de pruebas médicas. Su defensa se basó en desestimar las acusaciones de la izquierda, afirmando que no existe un caso real que respalde las críticas recibidas.

En resumen, la situación en el ámbito sanitario en Madrid se torna cada vez más crítica, con acusaciones cruzadas y una presión creciente sobre la consejería de Sanidad, que enfrenta serias demandas de rendición de cuentas. Los ciudadanos, ante la incertidumbre, observan cómo se desarrolla este escenario cargado de política y salud pública.