La Comunidad critica la fallida gestión migratoria del Gobierno, advirtiendo sobre desigualdades entre las comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, tal y como se había anticipado anteriormente. Esta medida se toma en el contexto de crecientes críticas hacia la política migratoria vigente del Ejecutivo central.
En una reciente conferencia de prensa, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, expresó su fuerte desacuerdo con el real decreto sobre el reparto de menores migrantes. Según él, esta medida no solo es ineficaz, sino que también crea una situación de desigualdad entre las distintas comunidades autónomas.
García Martín argumentó que esta distribución de menores contraviene varios principios fundamentales, afectando negativamente la solidaridad y la colaboración entre las distintas administraciones. A raíz de este decreto, el portavoz del gobierno regional dejó claro que se sienten en desventaja, señalando que el acuerdo ha sido negociado con partidos independentistas, otorgando ventajas a regiones como Cataluña y el País Vasco a expensas de otras comunidades.
Asimismo, García Martín subrayó que Madrid no se convertirá en cómplice de lo que considera una política migratoria fallida. Durante la reunión del Consejo, se acordó presentar un nuevo recurso contencioso administrativo, el tercero en total, argumentando que el real decreto sobre el reparto de migrantes infringe las competencias de las comunidades autónomas.
A pesar de sus críticas, el consejero reafirmó el compromiso de la Comunidad de Madrid con la atención a los menores migrantes, destacando que desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, se han recibido en la región a 11.000 menores, más de 1.300 de ellos solo en lo que va del año.
Finalmente, García Martín acusó al Gobierno central de manipular la cuestión migratoria como herramienta política para negociar con partidos independentistas. A su juicio, esta problemática no solo preocupa a los ciudadanos españoles, sino que también es motivo de preocupación entre socios europeos, dado que la única estrategia aparente del gobierno es la distribución del problema sin abordar soluciones efectivas.
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