El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha refutado las acusaciones de malversación que enfrentaba, solicitando al juez Juan Carlos Peinado que cierre la investigación en su contra. Según Aguirre, no tuvo ninguna implicación en la elección de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en Moncloa y se opone a ser juzgado por un jurado popular en caso de que el proceso avance a juicio.

En un documento presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, al que ha accedido Europa Press, se detallan los argumentos que Aguirre expuso el 27 de septiembre durante una audiencia informativa relacionada con el caso de Gómez, su asesora y el propio Martín Aguirre. En esta audiencia se mencionó que, de llegar a juicio por malversación, tendrían que hacerlo ante un jurado popular, es decir, compuesto por ciudadanos comunes.

La Abogacía del Estado, al igual que la Fiscalía, ha solicitado al juez que archive la investigación sobre Aguirre, que indaga si hubo un uso indebido de fondos públicos en la designación de Álvarez, así como si esta cumplía con funciones privadas para la esposa del presidente del Gobierno. Los representantes legales del Estado han afirmado que Aguirre no desempeñó papel alguno en la contratación de Álvarez en 2018, cuando él no había asumido el cargo de secretario general de Presidencia.

Los servicios jurídicos han enfatizado que Martín Aguirre fue nombrado para su puesto en julio de 2021, es decir, tres años después de los hechos que se están investigando. Aclaran que esto elimina cualquier base para la imputación, dado que no hubo ninguna intervención de su parte en la contratación de Álvarez en aquel momento.

La Abogacía argumentó que hay razones de peso para archivar el caso en relación a Aguirre y que mantener la imputación es una falta de fundamento tanto fáctico como jurídico, ya que no hay pruebas que sustenten la existencia de un delito en este contexto. Insistieron en que la supuesta irregularidad inicial ha sido desmentida por la documentación presentada y la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

Asimismo, se destacó que el déficit probatorio que rodea la imputación de Aguirre es el mismo que afecta a otros involucrados en el caso. La Abogacía subrayó que no se ha presentado ninguna evidencia que conecte a Aguirre con un posible desvío de fondos o irregularidades en las funciones de Álvarez.

Para concluir, la Abogacía del Estado criticó que la narrativa en contra de Martín Aguirre se basa exclusivamente en su cargo sin presentar actuaciones específicas que lo comprometan. Argumentaron que el instructor ha intentado cubrir esta falta de pruebas mediante suposiciones infundadas, presuponiendo que Aguirre debía conocer las actividades de su subordinada, lo cual carece de sustento objetivo.