En Madrid, el juicio que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado a un punto decisivo, quedando visto para sentencia tras una intensa sesión final. Este caso ha girado en torno a una supuesta filtración que tendría implicaciones severas para Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Durante el proceso, la defensa ha apuntado a González Amador como el verdadero responsable de la filtración, mientras que las acusaciones han sostenido que García Ortiz utilizó a los medios para intentar crear una "sentencia popular".

El presidente del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, declaró el juicio concluido, tras seis sesiones que han abarcado un amplio testimonio, incluyendo más de 40 testigos, el propio fiscal general y el empresario implicado. Esta compleja trama judicial se ha desenvuelto a lo largo de varias semanas, lo que ha resaltado la gravedad del caso.

El corazón del juicio se ha centrado en una filtración ocurrida en la noche del 13 de marzo de este año, donde se alega que García Ortiz proporcionó a la 'Cadena SER' un correo electrónico enviado por la defensa de González Amador. Este correo, enviado el 2 de febrero, contenía una propuesta para que González Amador reconociera dos delitos fiscales a cambio de eludir una pena de prisión.

Las tensiones también han surgido en torno a una nota de prensa emitida por la Fiscalía al día siguiente, que desmentía una información publicada por 'El Mundo' sobre el supuesto acuerdo entre las partes. Estos elementos han alimentado un proceso en el cual el fiscal general se enfrenta a duras consecuencias legales, incluyendo potenciales años de prisión y significativas multas.

El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, defendió la inocencia de García Ortiz, argumentando que su conducta fue motivada por la seriedad de las acusaciones en su contra. Además, Ocio identificó a González Amador como quien, al comunicar detalles de las negociaciones a un periodista, había despojado a esa información de su carácter confidencial.

Por otro lado, la acusación, liderada por Gabriel Rodríguez Ramos, ha sostenido que existen pruebas contundentes que apuntan a García Ortiz como el responsable de la filtración. Según él, la acción de poner esa información en manos de la prensa buscaba crear una cobertura que favoreciera a la Fiscalía a través de un relato que ya había comenzado a formarse en la opinión pública.

Rodríguez Ramos enfatizó que el impacto de la filtración no fue solo judicial, sino que también ha afectado la reputación de su cliente, convirtiéndolo en objeto de un juicio mediático. Esto ha generado un considerable daño tanto a nivel personal como profesional, argumentando que la situación actual plantea serias dudas sobre la capacidad de defensa que tendrá González Amador frente a las acusaciones por fraude fiscal.