El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha convocado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que se presente como parte perjudicada en el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por supuestas irregularidades relacionadas con un software de la universidad.

El juez Juan Carlos Peinado ha llamado a la UCM a la audiencia programada para este lunes a las 17:30 horas, donde se abordará la formalización de cargos a Gómez, quien podría ser juzgada por un jurado popular, compuesto por ciudadanos, en lugar de un tribunal tradicional.

En su providencia, el magistrado argumenta que la investigación, centrada en la posible apropiación indebida de un software relacionado con la universidad, justifica la inclusión de esta institución como parte perjudicada, dado que los fondos destinados al desarrollo del software deberían haber beneficiado a la UCM.

Es interesante notar que esta decisión se produce tras una negativa anterior del juez respecto a la personación de la universidad en el caso, donde se enfatizó que no había evidencia clara de un perjuicio económico que justificara su participación como acusación particular.

La Universidad Complutense, al realizar una revisión interna, también admitió no haber llegado a la conclusión de que su patrimonio se hubiera visto afectado por los contratos vinculados al software, citando la falta de cooperación de ciertos involucrados como una razón clave.

A pesar de esto, la universidad ha instado al juez a permanecer alerta ante cualquier indicio que pudiera surgir durante la instrucción que evidenciara un daño a sus intereses, ofreciéndose a activarse como parte perjudicada en tal caso.

Cabe recordar que el proceso judicial comenzó en abril de 2024 tras una denuncia de la organización Manos Limpias, que acusaba a Gómez de haber empleado su nexus con el presidente del Gobierno para influir en licitaciones públicas. Estas acusaciones incluyen corrupción en los negocios y tráfico de influencias, lo que podría llevar la causa a ser juzgada por un jurado popular debido a la gravedad de los delitos involucrados.

Desde el inicio de esta investigación, el juez ha expandido sus indagaciones tras recibir otra denuncia de Vox relacionada con presuntas anomalías en la gestión del software en la cátedra de la UCM que Gómez co-dirigía, lo que ha llevado a nuevas imputaciones por apropiación indebida y otras irregularidades.

Por su parte, Begoña Gómez ha defendido su inocencia en las ocasiones que ha tenido para declarar. Rechaza haber cometido cualquier infracción en relación con la inscripción del logotipo y el software de la cátedra, alegando que estas acciones fueron guiadas por el asesoramiento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la universidad y que no había actuado en beneficio propio, ya que no recibió compensación alguna por su trabajo en la cátedra.