Crónica Madrid.

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Nacho Cano y su equipo, llamados a declarar por la jueza en el caso 'Malinche'

Nacho Cano y su equipo, llamados a declarar por la jueza en el caso 'Malinche'

En Madrid, el 10 de diciembre, se ha dado un nuevo giro al caso que implica al conocido cantante y productor Nacho Cano, quien ha sido citado a declarar como investigado por la magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez, del juzgado de instrucción número 19. Junto a Cano, otros tres miembros de su equipo también deberán comparecer en relación con el polémico asunto de los becarios vinculados al musical 'Malinche'.

De acuerdo con el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, la juez aún no ha fijado una fecha específica para la declaración. Sin embargo, ha subrayado que se llevará a cabo en la "fecha más próxima" que el Juzgado considere conveniente.

Cano se encuentra bajo investigación por un posible delito relacionado con los derechos de los trabajadores extranjeros, debido a supuestas irregularidades en la contratación de becarios mexicanos para su producción teatral. Además, el juzgado ha citado a los agentes de policía que llevaron a cabo la investigación, considerando que Cano ha denunciado un trato que él considera injusto, acusándolos de tratarlo como un "delincuente".

La juez ha desestimado diversas peticiones formuladas por la defensa del miembro de Mecano, indicando que las solicitudes no ayudan a esclarecer la situación respecto a los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores. En su resolución, la magistrada enfatiza que no se estudiarán las cuestiones planteadas por la defensa, ya que han sido respuestas en decisiones anteriores que han sido objeto de recursos.

En otro aspecto, la solicitud del equipo de Cano para expulsar a Comisiones Obreras (CC.OO.) de la condición de acusación popular en este proceso también fue rechazada. La magistrada argumentó que "no han cambiado las circunstancias" que llevaron a que se aceptara su personación. En este sentido, destacó que la organización laboral tiene un papel en el procedimiento en el que se investiga un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.