En Madrid, el 16 de octubre, la ministra de Sanidad, Mónica García, lanzó una advertencia contundente: si en un mes la Comunidad de Madrid no establece un registro de médicos objetores de conciencia en relación con el aborto, iniciará acciones legales en su contra.

Durante su intervención en el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', organizado por Europa Press y Hospiten, García manifestó claramente su intención de acudir a los tribunales si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cumple con esta obligación legal. “Si no se implementa el registro en un mes, tendré que actuar judicialmente, ya que esto sería una violación de la ley”, concluyó la ministra.

La titular de Sanidad también cuestionó las decisiones de Ayuso, a la que acusó de embarcarse en una "cruzada innecesaria" que, según ella, atenta contra los derechos de las mujeres. Este enfrentamiento entre ambas políticas ha intensificado el debate sobre la legislación del aborto en la región.

García enfatizó que el registro propuesto no tiene un carácter público, lo que contrarresta la afirmación de que podría estigmatizar a los objetores. Según ella, se trata de un sistema anónimo que no solo protege a los médicos, sino que ya cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional, que ha indicado que debe ser individual y activo.

La ministra también recordó que Madrid ya tiene un registro de eutanasia que, según su afirmación, la presidenta Ayuso ha estado cumpliendo adecuadamente. Esta comparación se usó para argumentar que el registro de objetores debería ser igualmente implementado sin restricciones.

García hizo un llamado al Partido Popular, sugiriendo que deberían escuchar más a la ciudadanía. Declaró que Ayuso ha empezado a reconsiderar su postura, más allá de las declaraciones sorprendentes que la política suele hacer, y reafirmó que en España se debe cumplir la ley y respetar los derechos de las mujeres.