Más Madrid denuncia posible delito ambiental en Lagunas de Ambroz por prórroga minera

Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por la prórroga de explotación minera en las Lagunas de Ambroz, que podría afectar a especies protegidas y causar daños irreparables en el ecosistema. La organización sostiene que las autorizaciones se concedieron con informes caducados y sin considerar estudios recientes de biodiversidad.

El conflicto surge en un contexto de decisiones políticas que priorizan la continuidad de la extracción de sepiolita, una arcilla utilizada en diferentes industrias. La Comunidad de Madrid aprobó en mayo una prórroga que extiende la explotación hasta 2037, prometiendo crear nuevas lagunas con mayor potencial ecológico tras el fin de la concesión.

Desde una perspectiva ambiental y jurídica, la denuncia apunta a que las autorizaciones podrían haber vulnerado leyes de protección del medio ambiente y de especies en peligro, como los anfibios, aves y mamíferos del área. La denuncia también cuestiona la validez de los informes utilizados, dado que algunos datos datan de hace más de una década.

Políticamente, la controversia refleja la tensión entre la gestión ambiental y las políticas económicas impulsadas por el Gobierno regional. La oposición y grupos ecologistas critican la falta de protección del espacio natural, que además forma parte del plan del Ayuntamiento de Madrid para integrarlo en el Bosque Metropolitano y el Corredor Verde del Este.

El escenario político en Madrid muestra un enfrentamiento entre las prioridades de la Administración autonómica, que busca mantener la actividad minera, y las demandas sociales y ambientales por preservar un ecosistema único. La futura resolución judicial podría marcar un precedente en la protección de espacios naturales en la región.

El futuro de las Lagunas de Ambroz dependerá de cómo evolucione la investigación judicial, así como de las decisiones políticas que se adopten para equilibrar desarrollo económico y conservación. La atención se centra en si las instancias judiciales impondrán restricciones que frenen la explotación o si se continuará priorizando los intereses económicos en este enclave clave.