Titulcia se moviliza contra una incineradora que preocupa a toda la comarca de Las Vegas

Vecinos de Titulcia, organizaciones ecologistas y sindicatos convocan este sábado al mediodía una concentración en la plaza Mayor del municipio para rechazar el proyecto de una planta de tratamiento de residuos con posible incineración. La protesta reclama la paralización de la iniciativa y la revisión de su tramitación.

El origen del conflicto está en un anuncio publicado el 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ese trámite permitió a los vecinos conocer con más detalle el alcance del proyecto, que, según denuncian, podría afectar a la calidad del aire, el agua, los suelos y la actividad agrícola y ganadera.

La Plataforma No a la Incineradora de Titulcia, de la que forma parte la Plataforma Ecologista Madrileña, impulsa la movilización con el respaldo de CC.OO. Los organizadores sostienen que el impacto no se limitaría al municipio, sino que alcanzaría a localidades como Ciempozuelos, Morata de Tajuña, Villaconejos, Chinchón, San Martín de la Vega, Aranjuez y Valdemoro.

El caso tiene una dimensión política relevante. El Ayuntamiento de Titulcia delegó sus competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid por carecer de medios técnicos propios, lo que sitúa a la administración regional en el centro de la tramitación. Según la versión de los convocantes, el consistorio inicialmente vio el proyecto con buenos ojos, pero después consideró que no recibió información completa sobre su alcance.

Desde CC.OO. advierten de que la comarca no debe convertirse en lo que describen como «el basurero de Madrid». El sindicato subraya los posibles efectos sobre la salud de la población y el entorno natural, un argumento que ha servido para ampliar la base de la protesta más allá de los vecinos directamente afectados.

La concentración busca reunir a ciudadanos y representantes municipales y pedir que se investigue cómo se ha tramitado el expediente, qué información recibieron las administraciones implicadas y qué vías legales existen para frenar la instalación. El desenlace dependerá en buena medida de la transparencia de los estudios sobre emisiones y de la respuesta de la Comunidad de Madrid en los próximos meses.