El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha emitido un requerimiento formal a los líderes autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid. El objetivo es que estos presidentes establezcan y regulen con prontitud el Registro de Personas Objetoras de Conciencia en relación al aborto, otorgándoles un plazo de tres meses para cumplir con esta solicitud.

Fuentes gubernamentales han informado a Europa Press que, si transcurre el plazo estipulado sin que se realicen las acciones necesarias, el Gobierno activará los mecanismos legales pertinentes para forzar su cumplimiento.

A partir de 2023, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo, exige a todas las comunidades autónomas tener un registro de objetores. Esta medida fue aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024 y es de cumplimiento obligatorio.

Según estas mismas fuentes, la ausencia de dicho registro afecta negativamente el acceso de las mujeres a un derecho fundamental consagrado por la ley. Además, subrayan que el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales no debe interferir en la atención sanitaria que requieren las mujeres.

Con este requerimiento, el Gobierno afirma que está avanzando en la garantía de que todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud pública, asegurando que se lleve a cabo con todas las medidas adecuadas de seguridad, autonomía y libertad.