El PSOE y Más Madrid solicitan ampliar la investigación sobre Alberto González Amador por presunta corrupción empresarial

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Más Madrid han solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid una prórroga de seis meses en la investigación relacionada con Alberto González Amador, con el objetivo de avanzar en la investigación de posibles delitos de corrupción, administración desleal y operaciones empresariales irregulares. La petición se fundamenta en que la causa, iniciada en octubre de 2025, permanece en fase inicial y aún carece de muchas pruebas clave, incluyendo informes de la Guardia Civil.

El caso se centra en la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. en 2020, por aproximadamente 500.000 euros, una operación que las acusaciones consideran difícil de justificar dado que, meses antes, participaciones similares en la misma sociedad se habían vendido por cantidades significativamente inferiores. La investigación apunta a que estas transacciones podrían esconder pagos encubiertos relacionados con la obtención de contratos o beneficios en empresas como Quirón Prevención.

Este proceso judicial se inscribe en un escenario político marcado por la tensión en torno a las relaciones entre la administración pública y ciertos sectores empresariales, en un contexto donde el Gobierno autonómico, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de múltiples investigaciones y críticas por presuntas prácticas de corrupción. La oposición ha aprovechado estos casos para poner en duda la transparencia de la gestión política en Madrid.

Las acusaciones incluyen la petición de declarar como investigado a Fernando C. M., directivo de Quirón Prevención, y la toma de declaraciones a otros responsables de la misma compañía, en busca de esclarecer posibles vínculos económicos ilícitos. Además, se ha solicitado la colaboración de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central Operativa (UCO) para obtener información patrimonial y bancaria de los implicados, así como de sus sociedades.

El contexto más amplio revela una creciente preocupación por la ética y la transparencia en la gestión pública y privada en Madrid, donde varias investigaciones judiciales han puesto en duda la integridad de algunos actores políticos y empresariales. La ampliación de la instrucción refleja la complejidad de estos casos y la necesidad de esclarecer posibles entramados societarios que podrían haber facilitado operaciones irregulares.

En suma, este proceso judicial se inserta en un escenario donde la lucha contra la corrupción y la transparencia en las instituciones públicas y privadas son temas prioritarios en la agenda política y social de Madrid, en un contexto de creciente escrutinio público y demanda de mayor responsabilidad en la gestión de recursos y relaciones empresariales.