El Gobierno español ha reafirmado su postura respecto al centro de migrantes en Pozuelo, que el Ayuntamiento local ha ordenado cerrar debido a la falta de licencia. Según el Ejecutivo, este establecimiento era simplemente una de las opciones consideradas para el traslado de 400 menores migrantes solicitantes de asilo actualmente alojados en Canarias. Ahora, las autoridades están buscando alternativas más adecuadas en colaboración con organizaciones especializadas en la atención a menores.

Fuentes del ministerio han manifestado a Europa Press que la idea de trasladar a los 400 menores a Pozuelo nunca fue definitva y que en este momento están definiendo otros recursos más adecuados para facilitar estos primeros traslados. El gobierno se remite a la reciente reunión entre los Gobiernos de España y Canarias, en la que se discutieron los detalles de la disponibilidad de 750 plazas para los menores.

De acuerdo con lo que se expuso en esa reunión, el Gobierno tiene la intención de iniciar la reubicación de migrantes no acompañados desde las Islas Canarias hacia la Península en un periodo máximo de dos semanas. Para lograr este objetivo, el Ministerio de Migraciones ha mantenido diálogos con diversas entidades que trabajan con menores para evaluar recursos y ubicaciones adecuadas en la Península.

Asimismo, la entidad colaboradora en Canarias, Engloba, está llevando a cabo valoraciones individuales de los menores que han expresado su deseo de trasladarse. Este proceso es considerado fundamental para garantizar la correcta ejecución del traslado, según las fuentes consultadas.

En días recientes, algunos de los 1.200 menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias han comenzado a llegar al centro de acogida y derivación Canarias 50 en Las Palmas, dependiente del Estado. Las primeras operaciones de traslado se ejecutaron el martes y viernes de la semana anterior, en las que fueron reubicados un total de 80 menores, según la información enviada por el Gobierno canario.

El Consejo de Ministros, en su última reunión, aprobó un presupuesto de 40 millones de euros para cumplir con un fallo del Tribunal Supremo y establecer 1.200 plazas en la Península para la atención de estos menores que buscan protección internacional.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, subrayó la relevancia de realizar los traslados en grupos pequeños, no superiores a 40 menores, para asegurar su bienestar y adaptarse a las necesidades individuales de cada uno. Cancela enfatizó la importancia de comprender las experiencias personales de cada menor antes de proceder con su traslado.

Además, reafirmó que el equipo seguirá manteniendo reuniones las próximas semanas, a pesar de que sea agosto, para proporcionar el apoyo necesario a estos menores. Indicó que los traslados están planificados para llevarse a cabo principalmente los martes y viernes, asegurando así un proceso organizado y cuidadoso.