En un reciente pronunciamiento, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha subrayado la urgencia de implementar "medidas estructurales" que mejoren la atención a los solicitantes de protección internacional, especialmente ante la alarmante situación de personas sin hogar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Este asunto ha sido objeto de análisis por parte de la institución desde marzo, revelando deficiencias preocupantes en la gestión de estos casos.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Gabilondo destacó la necesidad de modernizar tanto las instalaciones del aeropuerto como los protocolos de protección internacional, evidenciando una insuficiente respuesta a las quejas y a las visitas realizadas en el lugar. Su comparecencia ante la Comisión Mixta para presentar el Informe anual de 2024 sirvió como plataforma para enfatizar estas carencias persistentes.

Gabilondo señaló que la situación observada indica un imperativo de reformas que aborden el registro de solicitudes, las condiciones de acogida y las garantías procedimentales. Según sus palabras, es vital garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva para quienes solicitan protección internacional, dado el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran.

En lo que respecta a las actividades de la institución, el Defensor del Pueblo proporcionó cifras reveladoras: durante este año se tramitaron 34.629 expedientes, integrados mayoritariamente por quejas, así como actuaciones de oficio y recursos ante el Tribunal Constitucional. Además, 35.733 ciudadanos recibieron atención directa, lo que pone de manifiesto el compromiso de la institución con la ciudadanía.

Las quejas más recurrentes han estado relacionadas con diversas áreas, incluyendo la administración de justicia, la seguridad social y las políticas migratorias, siendo Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia las comunidades que más escritos han enviado a la institución.

Dentro de las recomendaciones del informe, Gabilondo destacó la importancia de aumentar la presencia de profesionales de salud mental para adolescentes, mejorar los programas de apoyo al alquiler y atender la valoración de la discapacidad; además, hizo hincapié en la necesidad de brindar protección específica a mujeres mayores que han sido víctimas de violencia de género.

En términos de gestión migratoria, el Defensor del Pueblo reiteró la solicitud de información sobre la creación de un protocolo para gestionar la llegada de grandes contingentes de migrantes, así como el cumplimiento de la obligación de establecer un servicio de asistencia sanitaria en los centros de internamiento de extranjeros.

Asimismo, Gabilondo reportó que casi el 40% de las solicitudes de protección provienen de ciudadanos venezolanos y sugirió establecer un procedimiento alternativo para facilitar la carga de trabajo en la oficina de asilo.

En referencia a los reembolsos de prestaciones sociales por cobros indebidos, el Defensor criticó la aplicación actual de la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 55, defendiendo que es momento de revisar su contenido para evitar consecuencias desfavorables a familias en situación vulnerable.

Finalmente, el Defensor del Pueblo abordó diversos temas, desde la implementación de zonas de bajas emisiones hasta los problemas tecnológicos que afectan a los mayores. También hizo mención a la situación crítica de los residentes en la Cañada Real Galiana, quienes llevan más de cuatro años sin suministro eléctrico, y expresó la urgencia de atender sus necesidades tras la espera de recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.

En lo que concierne al Informe anual 2024, Gabilondo resaltó la relevancia de las conclusiones sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, subrayando que es necesario que el Parlamento considere medidas concretas para dar respuesta a las víctimas.