Vecinos de Puerta del Ángel se organizan contra la expulsión por alquiler temporal por habitaciones
Vecinos de Ermita del Santo 14 se organizan con el Sindicato de Inquilinas para frenar su expulsión tras la compra del bloque por una empresa de alquiler temporal.
Los vecinos del bloque del paseo Ermita del Santo, 14, en el barrio madrileño de Puerta del Ángel, se han organizado junto al Sindicato de Inquilinas para evitar que se les obligue a abandonar sus viviendas. La nueva propiedad, que adquirió el inmueble en diciembre de 2025, ha enviado burofaxes anunciando que no renovará los contratos de alquiler.
Según las denuncias de los residentes, la empresa pretende transformar los pisos en alquiler temporal por habitaciones. Algunas familias llevan más de 18 años viviendo en el edificio. La situación recuerda a un episodio anterior: hace tres años, una SOCIMI propietaria intentó el mismo modelo, y la movilización colectiva logró que los inquilinos permanecieran en sus casas.
El caso se enmarca en un fenómeno más amplio. Desde 2018, según el sindicato, un fondo adquirió más de 30 edificios en el mismo barrio y desalojó a sus residentes para destinar los inmuebles a alquileres de corta duración. Para la organización, se trata de una presión especulativa que afecta a distintas zonas de la capital.
La portavoz del sindicato, Sandra Mora, ha vinculado esta reivindicación con la huelga general convocada para el 11 de noviembre. La movilización, preparada a través de comités unitarios en los barrios, reclama contratos indefinidos, la reducción de los precios del alquiler y derechos sindicales para las personas inquilinas.
La acampada iniciada a finales de septiembre en la Puerta del Sol, tras una manifestación contra los desahucios y la crisis de la vivienda, ha servido para dar visibilidad al problema. El sindicato sostiene ahora que la presión debe trasladarse a los propios barrios, donde se concentran los casos de expulsión.
El desenlace del caso de Ermita del Santo puede convertirse en un referente para otros bloques afectados por la compra por fondos y la conversión a alquiler temporal. La cuestión de si la organización vecinal puede frenar estos procesos sigue abierta en la agenda de la vivienda madrileña.