El PSOE pide una oficina autonómica para mediar y prevenir desahucios en la Comunidad de Madrid

El PSOE de Madrid ha pedido la creación de una Oficina Autonómica de Mediación y Prevención de Desahucios de la Comunidad de Madrid, un servicio público destinado a evitar los lanzamientos y a resolver de forma extrajudicial los conflictos relacionados con el alquiler y la vivienda. La propuesta consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid.

La formación socialista apunta a que este organismo podría financiarse a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno de España. La oficina mediaría entre inquilinos y propietarios, con participación de la Comunidad, los sindicatos y los representantes de los municipios donde se ubique el inmueble.

Según la PNL, el organismo contaría con un sistema de alerta temprana para detectar situaciones de riesgo de desahucio antes de que se inicien los procesos judiciales. Además, ofrecería un servicio gratuito de asesoramiento jurídico especializado, orientación social e información sobre ayudas públicas al alquiler y programas de vivienda y acompañamiento durante la negociación.

El PSOE también reclama un protocolo de actuación inmediata con los servicios sociales municipales y la red pública de vivienda. Su objetivo es garantizar una alternativa habitacional «digna y estable» cuando la mediación no conduzca a un acuerdo y en la unidad de convivencia haya menores, personas mayores o personas en situación de dependencia.

La formación justifica estas medidas por el aumento de las situaciones de riesgo residencial, derivado del incremento sostenido de los precios del alquiler, de «la falta de normativa y regulación, la ausencia de inversión en servicios sociales y el aumento de los conflictos, por culpa de la especulación, entre arrendadores y arrendatarios». En palabras del partido, «resulta necesario dotar a la Comunidad de Madrid de un instrumento estable que facilite acuerdos entre las partes, ofrezca asesoramiento especializado y coordine la actuación de los diferentes agentes implicados en la protección del derecho a la vivienda».