Qué hay detrás de la denuncia por el ático de Planifica Madrid y el presunto perjuicio de 437.000 euros

El abogado que se personó como actor público ante el Tribunal de Cuentas se opone al archivo de las actuaciones sobre la compra de un ático por parte de Planifica Madrid, en Chamberí. Aprecia un presunto perjuicio de 437.058,46 euros para los fondos públicos y pide que se investigue la operación antes de decidir su continuidad.

La sociedad pagó 6.679.942,65 euros, con impuestos y gastos incluidos, por un inmueble cuya tasación era de 6.242.884,19 euros. Según el escrito presentado el 19 de octubre, esa diferencia constituye el posible menoscabo que debe examinar el órgano fiscalizador. El documento solicita el nombramiento de un delegado instructor que esclarezca las circunstancias de la adquisición.

El punto más delicado es la licitación posterior. Una oferta pública de venta de un lote vinculado al inmueble, por 6.694.201 euros, quedó desierta el 17 de septiembre de este año, sin que se presentara ninguna propuesta. Para el letrado, ese resultado refuerza la necesidad de revisar el precio pagado.

El procedimiento incluye también una controversia de trámite. Las alegaciones de la Comunidad de Madrid, que actuó en representación de la sociedad, pidieron el archivo y no se trasladaron al abogado personado. Una diligencia del 19 de octubre dio nueva audiencia al Ministerio Fiscal, lo que motivó la impugnación. El abogado invoca el artículo 46.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para reclamar su derecho de audiencia.

La disputa plantea una cuestión de fondo sobre la legitimación. La Comunidad defiende a una empresa pública que, según la denuncia, podría haber sufrido un daño en sus propios fondos. Por ello, el letrado pide que se acredite el título de representación y que se aclare qué órgano decidió mantener esa posición, así como si los administradores afectados se abstuvieron.

En perspectiva, la decisión del Tribunal sobre el nombramiento de un delegado instructor marcará si el caso avanza hacia una investigación completa o se cierra en esta fase. Más allá del expediente concreto, el asunto pone a prueba los mecanismos de control sobre las compras inmobiliarias de las empresas públicas madrileñas y el alcance real de la acción pública en la fiscalización de este tipo de operaciones.