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Sociedad 22 de Mayo de 2026 · 14:11h 2 min de lectura

El TSJM eleva en 90.000 euros la indemnización a afectados por la Línea 7B del Metro en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia que eleva en 89.608 euros la indemnización a una pareja de San Fernando de Henares afectada por daños en su vivienda causados por las obras de la Línea 7B de Metro. La cuantía total de la compensación, tras la resolución, alcanza los 362.051 euros.

El caso se relaciona con una vivienda en la calle Rafael Alberti, demolida posteriormente por los daños estructurales derivados de las obras del suburbano. La Comunidad de Madrid había reconocido inicialmente una indemnización de 272.443 euros en 2023, que fue considerada insuficiente por los afectados, que recurrieron la valoración administrativa.

La sentencia reconoce además un incremento por daños morales, valorando el sufrimiento psicológico, la zozobra y el impacto emocional causado por la pérdida y demolición del inmueble. La resolución establece una indemnización de 36.000 euros para cada uno, sumando 12.000 euros adicionales respecto a la cantidad inicialmente acordada.

El fallo también rechaza reclamaciones relacionadas con aspectos fiscales, gastos futuros y lucro cesante, pero avala la intervención de la Asociación de Afectados Metro Rafael Alberti en defensa de los afectados, en línea con sus estatutos.

Este fallo refleja la creciente atención judicial a las consecuencias de obras públicas en zonas residenciales, poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor protección y compensación para los vecinos afectados. La decisión también evidencia la tensión entre las administraciones públicas y las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura.

En un contexto político marcado por debates sobre urbanismo y responsabilidad institucional, la resolución puede influir en futuras políticas de gestión y compensación en obras metropolitanas. La Comunidad de Madrid aún mantiene la posibilidad de presentar recursos, en un escenario que podría marcar precedentes en la protección de derechos ciudadanos ante actuaciones de gran impacto.

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