El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la ZBE

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló parcialmente la delimitación y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La decisión implica que la normativa sigue sin ser válida en sus aspectos afectados.

El conflicto se remonta a 2021, cuando el Pleno municipal modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018, en medio de debates políticos sobre las restricciones a la circulación y su impacto económico. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) señaló deficiencias en los informes de impacto económico y ambiental, cuestionando la ponderación de beneficios y costes de la ZBE.

El Gobierno local buscó revertir esta decisión mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, argumentando que la sentencia se basaba en aspectos de valoración de hechos y prueba, que no son susceptibles de revisión en casación. La alta instancia confirmó que la valoración del impacto económico y ambiental fue exhaustiva y que no existía interés casacional que justificara la revisión del caso.

Este fallo refuerza la posición del TSJM, que ya había señalado la necesidad de realizar estudios más rigurosos antes de implementar medidas restrictivas en movilidad, y evidencia las dificultades políticas del Ayuntamiento para mantener la delimitación de la ZBE. La sentencia también refleja la tensión entre las prioridades ambientales y económicas en la gestión de la movilidad urbana en Madrid.

Desde la perspectiva política, el caso evidencia los desafíos de los gobiernos locales en defensa de sus políticas medioambientales frente a los controles judiciales y las reclamaciones de oposición, como las planteadas por Vox. La decisión del Supremo puede influir en futuras modificaciones normativas y en la estrategia del Ayuntamiento para defender sus medidas en materia de movilidad.

De cara al futuro, la Administración municipal deberá revisar la planificación de la ZBE, considerando los requisitos legales señalados por los tribunales. La experiencia también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los informes de impacto y la justificación técnica de las restricciones, para evitar recursos que puedan bloquear la aplicación de políticas ambientales en el contexto urbano.