Carabante cifra en 30 millones los perjuicios al comercio por la acampada de Sol
El Ayuntamiento de Madrid cifra en 30 millones los perjuicios al comercio por la acampada de Sol y exigirá reparación a los responsables.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, cifra en 30 millones de euros los perjuicios ocasionados al comercio por la acampada instalada en la Puerta del Sol. El responsable municipal anunció que el Consistorio exigirá a los responsables la reparación del daño causado.
La cifra se dio a conocer durante una pregunta formulada por Vox en el Pleno del Ayuntamiento, celebrado en Cibeles. El concejal Fernando Martínez Vidal intervino en el debate y criticó a los participantes de la acampada, a quienes calificó de forma despectiva y a los que acusó de haber abandonado las carpas con el argumento de que la protesta podía sostenerse desde plataformas de videoconferencia.
En su respuesta, Carabante vinculó la movilización con el escenario político general. Situó la acampada en el marco de la estrategia de la izquierda de cara a las próximas elecciones y avisó de que, según su análisis, el conflicto en las calles podría prolongarse durante los próximos cuatro años si no les favorecen los resultados en las urnas. Asimismo, relacionó el asentamiento con decisiones del Gobierno central, al sostener que permanecerá mientras resulte conveniente para el presidente del Gobierno.
El delegado también planteó la cuestión de la seguridad en el entorno de la acampada. Mencionó un intento de apuñalamiento y una agresión sexual registrados en el recinto, hechos que el Gobierno municipal utiliza como argumento para reclamar medidas urgentes. Entre ellas, el levantamiento inmediato del campamento, la sanción a quienes incumplan las ordenanzas municipales de limpieza y la reparación de los daños.
El caso plantea una cuestión de fondo sobre el equilibrio entre el derecho de manifestación y reunión y la protección del espacio público y de la actividad económica del centro de la capital. La reclamación de 30 millones deberá concretarse y justificarse en los procedimientos correspondientes, y el debate político probablemente se intensifique en el periodo preelectoral.
Queda por ver si el Ayuntamiento materializa sus advertencias mediante expedientes sancionadores o acciones judiciales, y cómo responderán los convocantes de la acampada. El desenlace podría marcar un precedente sobre la gestión de protestas prolongadas en espacios urbanos céntricos.