Almeida anuncia una denuncia penal contra el exdelegado Martín por la acampada de Sol
Almeida anuncia una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por la acampada de Sol, en plena disputa competencial con el Ejecutivo.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado una denuncia penal contra Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en la Comunidad, por presunta inacción ante la acampada instalada en la Puerta del Sol. La querella se presentará una vez agotado el plazo administrativo abierto tras el requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno.
Según el alcalde, la ocupación del espacio público constituye un delito que la Delegación no habría impedido. Almeida sostiene que el Ayuntamiento ha actuado dentro de sus competencias, con más de 200 sanciones impuestas y un requerimiento formal al Gobierno central. Martín dimitió recientemente del cargo, un movimiento que el alcalde atribuye a motivos personales y no a razones institucionales.
El episodio se inscribe en una disputa política más amplia entre el Ayuntamiento, dirigido por el PP, y el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que el consistorio mantiene un choque constante por competencias en materia de seguridad y orden público. El reparto de responsabilidades entre administraciones es, en este caso, el núcleo del debate jurídico.
Vox, por su parte, ha presentado también una querella contra el exdelegado y ha vinculado la dimisión con esa acción judicial. Desde la formación se acusa al Ejecutivo de haber utilizado la acampada como escenario de lanzamiento de su estrategia electoral, algo que el Gobierno no ha confirmado.
En el pleno municipal, el alcalde elevó además el tono contra la oposición de izquierdas. Acusó a Más Madrid y al PSOE de no condenar una agresión sexual registrada en el campamento, y retó a sus portavoces a pasar la noche allí para comprobar la situación. La réplica socialista fue que Martín había sido un mejor delegado que el propio Almeida.
El caso plantea una cuestión de fondo que trasciende la acampada: hasta dónde llegan las competencias municipales frente a las estatales en el mantenimiento del orden en el espacio público. Los tribunales deberán dirimir si la responsabilidad penal puede recaer sobre un delegado del Gobierno por omisión, un precedente que tendría alcance más allá de Madrid.