La Comunidad de Madrid denuncia penalmente al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol

La Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia penal contra el anterior delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos. La querella se ha registrado ante el Tribunal de Instancia de Madrid y se refiere a la acampada instalada en la Puerta del Sol, que el Ejecutivo regional considera ilegal.

El anuncio lo ha realizado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La reunión se había aplazado a causa del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Según el portavoz, la acción judicial responde a la falta de actuación de la Delegación del Gobierno ante una acampada que, en su opinión, lleva más de un mes ocupando la plaza sin autorización.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la omisión de la Delegación habría permitido la comisión continuada de delitos. Entre ellos enumera agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Estas acusaciones no han sido establecidas judicialmente y se encuentran en fase de denuncia.

El caso se enmarca en una relación institucional tensa entre el Gobierno regional y la Administración central por la gestión del espacio público madrileño. La Comunidad ya había recurrido en la vía contencioso-administrativa para que la Delegación levantara el asentamiento y había pedido a la Fiscalía que investigara posibles delitos de odio, injurias y daños al patrimonio. La denuncia penal supone un paso más en esa estrategia y traslada el conflicto al ámbito judicial.

El portavoz también vinculó la convocatoria de actos vandálicos en redes sociales para la noche de Halloween con el clima político generado por la acampada. Atribuyó esas llamadas a la irresponsabilidad de algunos partidos y pidió al Ministerio del Interior y a la Delegación que doten de medios a las fuerzas de seguridad y den instrucciones para garantizar el orden en las calles. Hasta el momento, estas acusaciones son declaraciones del Gobierno regional, sin respuesta oficial de la Delegación en la información disponible.

El desenlace dependerá de la admisión a trámite de la denuncia por el juzgado y de la evolución de las investigaciones abiertas por la Fiscalía. Más allá del caso concreto, la controversia plantea una cuestión de fondo sobre los límites de la responsabilidad penal de los responsables de la Administración frente a ocupaciones del espacio público y sobre el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de orden público.