Zarzalejo defiende la consulta en UCM pero subraya la importancia del "acuerdo histórico" en financiación.

En Madrid, el 27 de marzo, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha ofrecido su apoyo a la consulta que se llevará a cabo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el marco de lo que considera la autonomía de la institución. Sin embargo, también ha defendido el “acuerdo histórico” alcanzado en materia de financiación entre el gobierno regional y las universidades.

La consejera destacó su orgullo y satisfacción por el acuerdo cerrado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso junto a los seis rectores de las universidades, describiéndolo como un hito significativo que conlleva un fuerte compromiso económico por parte del Ejecutivo. Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la sede de CEIM.

Zarzalejo manifestó su respeto hacia el proceso que se pretende llevar a cabo, siempre y cuando se cumpla con la normativa universitaria. A su vez, destacó la importancia de reconocer el papel y la representación que tienen los rectores en este contexto.

La consejera también subrayó que los rectores representan a los equipos de gobierno de la universidad pública y expresó su “absoluto agradecimiento” por el trabajo que están realizando en beneficio de sus instituciones.

Por su parte, la Plataforma UCM por la Pública ha anunciado que el 16 de abril llevará a cabo una consulta dirigida a la comunidad universitaria sobre un plan económico y financiero que ha sido aprobado en la UCM. Este plan incluye diversas medidas orientadas hacia la “eficiencia en el gasto”, la optimización del patrimonio y el incremento de ingresos propios.

La consulta se llevará a cabo en varias ubicaciones claves dentro de las facultades y campus de la Complutense. Desde la Plataforma, se argumenta que este plan es en realidad un “brutal plan de recortes”, según un comunicado emitido por la asociación.

Dentro de sus críticas, la Plataforma señala la eliminación de plazas de profesorado, la reducción de estudios de máster y grupos de grado, así como la eliminación de becas y ayudas a la investigación, afectando gravemente las inversiones y apoyos a la educación universitaria en su conjunto.