• viernes 02 de diciembre del 2022
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Una asociación solicita a la Fiscalía del TSJM investigar a Almeida y la UCM por el deterioro del Arco de la Victoria

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El Ayuntamiento y la UCM están en negociaciones para saber si el Consistorio es el nuevo responsable y, si es de esta forma, tomar las medidas primordiales para su conservación

MADRID, 30 Sep.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que abra diligencias de investigación por el deterioro y lamentable estado del Arco de la Victoria, situado en entre las entradas del oeste de Madrid.

Este arco de 30 metros de altura, popular como Puerta de la Moncloa, se edificó entre 1950 y 1956. Se trata de una obra conmemorativa de la victoria del bando rebelado sobre el republicano en la Guerra Civil.

Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado una investigación para saber el estado del monumento para entablar opciones de colaboración con la Complutense, titular del monumento, en su administración y rehabilitación.

El Consistorio está en la actualidad en diálogos con la UCM para poder ver las probables resoluciones jurídicas y administrativas con las que ayudar en su conservación, probablemente mediante convenio de colaboración.

En la demanda, a la que tuvo ingreso Europa Press, se emplaza a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid a investigar la supuesta compromiso en el presente estado del monumento del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del gerente del Consorcio de Transportes de Madrid.

El escrito judicial incluye fotografías que prueban el estado deplorable del edificio, que está "completamente degradado" y "conminado de ruina por la desidia y falta de diligencia" de las autoridades causantes.

El monumento muestra varias pintadas y grafitis. Los escalones de las escalerillas están en su mayor parte rotos. En la región hay restos de vidrio de litronas sin que "absolutamente nadie los limpie a lo largo de meses". La falta de cuidado provoca que medren matas al acumularse tierra entre las llagas del solado.

En preciso, la asociación solicita a la fiscal superior de Madrid necesitar a Almeida, al rector de la Complutense y al gerente del Consorcio señalar "si la carencia de protección al monumento partió de su persona o si fue en ejecución de órdenes superiores".

En ese caso pide señalar a la gente destacadas de quién salió estas advertencias "a los efectos de saber con precisión la autoría y compromiso de los hechos". De igual modo, solicita que señalen "si ahora tenían conocimiento del deterioro y estado lamentable del edificio".

Desde el Consistorio madrileño apuntan a Europa Pres que "la compromiso de hoy y pasada del estado del monumento se ajusta a la Universidad Complutense de Madrid".

"Una vez acaben las negociaciones entre el Ayuntamiento y la UCM, para saber que el Consistorio es el nuevo responsable, se van a tomar las medidas primordiales para su conservación dependiendo del estado en el que esté", remarcan exactamente las mismas fuentes.

Los denunciantes estiman que el Ayuntamiento de Madrid, la Ciudad Universitaria de Madrid y la Comunidad de Madrid habrían infringido con las obligaciones que expone la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Según la demanda, la Ciudad Universitaria de Madrid habría quebrantado la normativa como titular y dueña del edificio al paso que el Ayuntamiento de Madrid no habría ejercido la obligación de sostener la urbanización y de Policía para asegurar que la propiedad del edificio sostenga el monumento.

También censura el colectivo que la Comunidad de Madrid no haya dictado ciertas órdenes sobre esto sabiendo que hablamos de un monumento con una catalogación histórico artística de Madrid.

Ante ello, piden a la fiscal superior que se investigue la supuesta comisión del producto 321 con relación a delitos contra el patrimonio histórico. Esta infracción penal tiene relación a los que "derriben o alteren dificultosamente inmuebles singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental".

Este delito supone penas de cárcel de seis meses a tres años, multa de 12 a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación particular para profesión.

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