En un reciente informe emitido por UGT Madrid, se revela que un trabajador promedio necesita casi 59 años de salario neto para hacerse con una vivienda de 60 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid, un espacio considerado adecuado para la vida de una persona que busca emanciparse. Este cálculo se realiza sobre la base de dedicar el 40% de su ingreso, cifra que coincide con el umbral de esfuerzo estipulado por la OCDE.

Dicho estudio, titulado ‘Convenios Colectivos y el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid’, fue elaborado para conmemorar el Día Mundial por el Trabajo Decente. En sus hallazgos, se señala que acceder a la propiedad en la región se ha vuelto “una misión imposible”, no solo para quienes tienen bajos ingresos, sino también para las familias de clase media y aun aquellas de ingresos relativamente altos.

En términos concretos, se estima que se requerirían entre 23,3 y 25,7 sueldos anuales completos, dado que el salario medio neto en Madrid, proyectado para 2024, es de aproximadamente 24.758 euros. Esto se traduce en la alarmante realidad de que un piso de 60 metros cuadrados, cuyo coste medio se sitúa en 364.860 euros, se aleja cada vez más de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, afectados por el contexto laboral de sectores como el turismo, el comercio y la limpieza.

Por otra parte, el informe también pone de manifiesto la crítica situación del mercado del alquiler. Según las cifras proporcionadas por UGT, los inquilinos madrileños deben destinar más del 60% de su salario neto a pagar el alquiler, lo que convierte a la vivienda arrendada en un verdadero lujo. En algunos casos, los ingresos mensuales ni siquiera alcanzan para cubrir el coste del alquiler, poniendo a muchos en la necesidad de compartir vivienda o retrasar su emancipación, que en Madrid alcanza una media de 30 años, superando la media de la Unión Europea por 3.8 años.

El sindicato UGT atribuye esta problemática a la especulación inmobiliaria y a los grandes propietarios de viviendas. Se señala que en Madrid operan más de 16.000 pisos turísticos ilegales, y se estima que nueve de cada diez de estas propiedades no cumplen con el registro administrativo requerido.

Además, en caso de querer comprar una vivienda, se requiere que los compradores hayan ahorrado al menos el 20% del precio de compra, lo que representa un desafío para muchos. Las cuotas hipotecarias, que se sitúan en una media de 1.214,9 euros al mes, pueden llegar a representar más de dos tercios de un salario completo en algunos sectores.

UGT advierte que para que estas cuotas no superen el 40% del salario neto, es necesario duplicar los salarios en ciertos sectores, lo cual implicaría un aumento medio del 120%. Este dato pone de relieve que en la Comunidad de Madrid, la reducción del poder adquisitivo es más severa que en el resto del país, a pesar de ser una de las regiones con mayores salarios. El precio del metro cuadrado ha aumentado en más de un 70% en la última década, alcanzando los 7.000 euros en septiembre.

UGT también ha señalado que la situación de la vivienda se ha convertido en un factor clave en la creciente desigualdad en España, representando el 70% de la diferencia de riqueza en la región. Aunque los salarios en Madrid son altos comparativamente, la mayor parte de la plantilla laboral solo obtiene un 27,6% de la masa salarial total, con un sueldo medio que no supera los 1.500 euros al mes.

Este contexto ha sido presentado por la secretaria de Relaciones Institucionales, Margarita Domínguez Guijarro, y Sonia Álvarez Enríquez, secretaria de Igualdad. Ambas han destacado que las políticas implementadas por el gobierno regional son insuficientes, mencionando iniciativas como el Plan Vive, que en ocasiones ofrece precios superiores a los del mercado, y el Bono Joven, al que se accede con dificultades.

Por ello, desde UGT exigen la implementación urgente de la Ley Estatal de Vivienda en Madrid y la categorización de zonas tensionadas donde el coste de vida supera el 30% de los ingresos familiares, poniendo especial énfasis en la capital y su área metropolitana.

“La presidenta Isabel Díaz Ayuso incumple reiteradamente el mandato constitucional al negarse a intervenir en el mercado inmobiliario. Los precios de la vivienda son insostenibles para quienes trabajan y los salarios no son adecuados”, ha señalado Álvarez.

Además, solicitan un aumento sostenido del parque de vivienda pública en alquiler social, centrándose en proteger a mujeres víctimas de violencia de género y a jóvenes trabajadores con sueldos bajos. También requieren una regulación más estricta de los pisos turísticos, así como un plan de inspección que asegure la reabsorción de viviendas al mercado residencial que han sido desviadas a usos especulativos. La incorporación del costo de vivienda como indicador en la negociación colectiva también es fundamental.

Por último, instan a crear espacios de diálogo en los que participen sindicatos, empresarios y administraciones, para coordinar políticas de vivienda y empleo, garantizando así el respeto al artículo 47 de la Constitución, que aboga por el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. “El derecho a la vivienda no es solo un deseo, es un mandato legal que no puede ser ignorado. Es inaceptable que los convenios colectivos en Madrid no recojan salarios mínimos de 1.500 euros netos al mes, pues tener un empleo ya no asegura tener un hogar”, enfatizan desde el sindicato.

Este informe se enmarca dentro de una campaña de concienciación promovida por la plataforma Hábitat 24, que incluye a UGT Madrid, para reivindicar el derecho a una vivienda digna.