En un fallo que ha despertado el interés en el ámbito de la seguridad estatal, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha fallado a favor de un guardia civil que lleva a cabo funciones de escolta en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Este juez ha determinado que el agente tiene derecho a recibir los complementos específicos estipulados en dos convenios que fueron firmados entre la FNMT y la Dirección General de la Guardia Civil.

Según la información proporcionada a Europa Press, la sentencia ha sido respaldada por la Asociación Española de Guardias Civiles, la cual fue representada por el bufete Parrado Asesores Abogados. El Ministerio del Interior ahora está obligado a abonar estos complementos, que habían sido rechazados previamente, relacionados con la ejecución de 34 servicios durante un período que abarca desde 2023 hasta 2025, así como cualquier servicio posterior a esa fecha.

El guardia civil había solicitado formalmente la implementación de ambos acuerdos, firmados en 2022, los cuales tienen como objetivo regular las tareas de seguridad en las instalaciones de la FNMT y la escolta de transporte de moneda y otros bienes sensibles. Sin embargo, esta petición fue rechazada por la Dirección General de la Guardia Civil, que argumentaba que las funciones ya estaban cubiertas por el destino oficial del agente.

El tribunal desestimó este argumento, apoyando así la postura de la defensa. En su dictamen, el juzgado subrayó que "los complementos correspondientes a los servicios efectivamente prestados deben ser remunerados, sin importar que el agente se encuentre en otra unidad".

Además, el fallo destacó que, al analizar ambos convenios, se concluye que los complementos corresponde a conceptos distintos y que el convenio más reciente no deroga el anterior. Por tanto, se considera que "los complementos son compatibles al aplicarse a servicios diferentes".

Desde el despacho de Parrado Asesores, se ha enfatizado la importancia de esta sentencia, argumentando que el caso pone de manifiesto el cuestionamiento del cumplimiento de convenios que la propia Guardia Civil firmó para asegurar funciones críticas de seguridad. "Es difícil de entender que se ponga en duda la aplicación de estos acuerdos a un agente designado precisamente para esas labores", añadieron los letrados del bufete.

Como resultado de la resolución, la Administración tendrá que indemnizar al guardia civil con los complementos correspondientes de manera retroactiva desde septiembre de 2023, así como abonarle los intereses legales y judiciales generados en el proceso.