En Madrid, se ha aprobado una nueva ordenanza que regula el uso de terrazas, con el objetivo de reafirmar el control sobre este espacio público tan característico de la ciudad. La vicealcaldesa y portavoz municipal Inma Sanz ha comunicado que, bajo esta normativa, se mantendrán los horarios establecidos y se incrementarán las sanciones, consolidando las regulaciones ya aplicadas en zonas como Ponzano e Ibiza desde el año 2022. La normativa fue ratificada en la sesión del Pleno de Cibeles, donde los partidos Vox se abstuvieron, mientras que Más Madrid y el PSOE votaron en contra.

Durante una reciente entrevista en 'Onda Madrid', Sanz destacó que la nueva ordenanza ha sido diseñada considerando las opiniones de los vecinos, especialmente aquellas recogidas en una consulta pública que se realizó al inicio del proceso de modificación. En este sentido, enfatizó la importancia de endurecer las sanciones como respuesta a las inquietudes manifestadas por los ciudadanos.

Por su parte, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha anunciado su intención de presentar un recurso de reposición contra la recientemente aprobada ordenanza. Al respecto, Sanz se refirió a los intereses de la FRAVM, sugiriendo que sus posiciones son bien conocidas por la comunidad.

El propósito de esta nueva normativa radica en encontrar un equilibrio entre el disfrute del espacio público y el respeto por el descanso de los vecinos. Madrid, como ciudad, ha cultivado una cultura de vida al aire libre, en la que las terrazas no solo son un símbolo de identidad, sino que también contribuyen a la economía local y crean empleos. Sin embargo, es fundamental compaginar esta vitalidad con la tranquilidad de las comunidades residenciales.

Según Sanz, una de las demandas recurrentes de los vecinos ha sido la necesidad de imponer sanciones más severas a aquellos establecimientos que incumplen las normativas. En respuesta, la administración ha buscado simplificar los trámites burocráticos tanto para el sector hostelero como para la propia administración, que antes estaba sujeta a procesos complicados. Además, se ha hecho hincapié en las sanciones que se aplicarán a medidas que obstaculicen el trabajo de los servicios de emergencia, así como en la obligación de los locales de recoger el mobiliario en los horarios establecidos.